El Tribunal de Cuentas quiere fiscalizar a los "familiares próximos de los miembros de los órganos máximos de dirección" de los partidos políticos, según consta en el proyecto de Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas defendido este lunes por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, y que previsiblemente aprobará este martes la Comisión Mixta Congreso-Senado. Este plan será exigible a los partidos políticos a partir de enero de 2014.

Lo llamativo de este plan es que el Tribunal de Cuentas considera que los máximos dirigentes de los partidos y sus familiares próximos son "partes vinculadas a la formación política" y que, por tanto, deben rendir cuentas anuales en la memoria de la cuenta consolidada de los partidos.

El tribunal entiende por familiares próximos a "aquellos que podrían ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas con la formación política".

Entre ellos incluye expresamente al "cónyuge o persona con análoga relación de afectividad", a los "ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o personas con análoga relación de afectividad", a los "ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad" y a las "personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad".

El Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas, que puede consultarse en la web del Tribunal de Cuentas, establece un sistema uniforme para que todos los partidos políticos presenten su información económico-financiera.

Su objetivo es, no sólo propiciar a sus responsables y a afiliados el conocimiento de su actividad y de la situación patrimonial en cada momento y la toma de las decisiones pertinentes, sino también "hacer posible el acceso de los ciudadanos a esta información".

Además, el documento señala que el seguimiento de unos criterios comunes en el registro contable de sus operaciones facilita significativamente la interpretación de los correspondientes estados contables y permite la comparación inmediata de la situación entre diferentes partidos políticos y conocer la aplicación dada a los recursos públicos.

La posibilidad de fiscalizar a miembros de la dirección de los partidos y a sus familiares ya existía legalmente, según el Tribunal de Cuentas, pero no se había plasmado en los planes de contabilidad de este organismo.

Hace un año, el Tribunal de Cuentas remitió al Parlamento su proyecto de Plan de Contabilidad en el que se contempla la posibilidad de recabar datos de dirigentes políticos e incluso de sus familiares.

Ningún partido puso reparo alguno a este tema cuando el presidente del Tribunal de Cuentas presentó el proyecto a las Cortes a finales del año pasado, ni existe mención alguna a esta cuestión en las propuestas de resolución que los grupos han presentado con sus sugerencias sobre el Plan de Contabilidad y que se debaten este martes en la Comisión Mixta.

De hecho, el PP sólo se ha ocupado de pedir al citado tribunal que excluya de la actividad económica de los partidos políticos sus grupos municipales e institucionales.