El Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao juzga, a partir de las diez de este lunes por la mañana, a los profesores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) José Enrique Antolín Iria y Xabier Aierdi por permitir estudiar a dos miembros de ETA deportados por Francia Belén González Peñalva y Ángel María Lete. La Fiscalía pide para cada de los procesados la pena de ocho años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa.

El escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que en 1988, mediante un acuerdo suscrito en diciembre de 1998 entre la UPV/EHU y el centro de Bergara de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), se articuló un sistema de alumnos especiales para hacer posible que personas recluidas en centros dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias pudieran acceder a carreras impartidas en la Universidad del País Vasco.

Éste se extendió más tarde a reclusos de prisiones francesas, algo "que fue aceptado por los máximos responsables académicos de la UPV/EHU".

La Fiscalía destaca que, "en circunstancias no conocidas", fueron incorporadas "al sistema de alumnos especiales personas deportadas por Francia a diversos países a causa de su pertenencia a la organización terrorista ETA".

En concreto, subraya que Ángel Lete fue deportado por Francia a Cabo Verde el 21 de agosto de 1985, país donde trabajó como profesor de Historia y en el que permaneció hasta el 7 de diciembre de 2002. Lete cursó dentro del sistema de alumnos de presos de la Universidad del País Vasco la carrera de Filosofía desde el año académico 1987/1988 hasta 1991/1992; y la de Ciencias Políticas desde el curso 1992/1993 hasta 2000/2001.

Por su parte, María Belén González Peñalva permaneció deportada por Francia en la República Dominicana desde el 18 de abril de 1989 hasta el 17 de octubre de 1999, fecha en la que abandonó este país y huyó a Francia, donde fue detenida el 25 de octubre de 1999.

Durante el tiempo que estuvo deportada, González Peñalva accedió a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en el curso 1992/1993 y cursó la licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología desde el año académico 1993/1994 hasta 2001. El 17 de octubre de 1999, en su condición de deportada, aprobó toda la carrera con la excepción de una asignatura que superó estando en prisión en septiembre de 2001.

El ministerio público subraya que "la inclusión y mantenimiento de deportados en el sistema de alumnos presos resultaba arbitraria", ya que éstos, "al no estar en centros penitenciarios, carecían de un requisito necesario para formar parte de dicho sistema, siendo notorio que la lejanía geográfica con Cabo Verde y la República Dominicana, impedía articular un sistema de garantías que asegurara que las asignaturas se cursaban con el debido rigor".

Por ello, afirma que "la presencia de deportados en el sistema de alumnos presos se produjo sin cobertura jurídica alguna y sin recabar la autorización de los máximos responsables de la Universidad": los sucesivos rectores en esos años, Peio Salaburu y Manuel Montero.

ACUSADOS

La Fiscalía señala que José Enrique Antolín Iria fue nombrado vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en marzo de 1998. Trasncurrido medio año, fue designado responsable de los alumnos especiales o presos por el decano de la Facultad, Manuel Montero.

En este sentido, indica que, desde su posición de responsabilidad, Antolín Iria "mantuvo a los alumnos deportados en el sistema de alumnos presos", sin que conste que comunicara o consultara al rector la existencia de estos alumnos, "que, de forma evidente, no podían integrarse" en ese sistema de estudios.

Asimismo, apunta que Xabier Aierdi fue tutor de Ángel Lete y María Belén González Peñalva en los periodos que desarrollaron sus estudios en la UPV/EHU. De hecho, asegura que desempeñó en este sistema de alumnos de presos "funciones de responsabilidad, como coordinador o encargado de resolver los posibles problemas que pudieran surgir en relación" con estos reclusos. Tampoco consta, según el ministerio público, que este profesor comunicara al rector u otra autoridad académica la existencia de alumnos deportados.

La Fiscalía cree que Aierdi, además, "contribuyó directamente a la arbitrariedad del sistema" al "influir" en otro docente, profesor de González Peñalva en la asignatura de Derecho Internacional Público para que, "sin causa justificada, modificara la prueba de evaluación" consistente en un examen, por un trabajo, "mecanismo de evaluación más flexible y sencillo de superar".

Por todo ello, el ministerio público cree que, tanto José Enrique Antolín Iria como Xabier Aierdi Urraza, incurrieron en un delito de prevaricación administrativa previsto en el artículo 404 del Código Penal, por lo que solicita una condena para cada uno de ellos de ochos años de inhabilitación especial para desempeñar su trabajo o un cargo público.