El fiscal ha solicitado cuatro años de prisión para cada uno de los dos socios de una promotora, ocho años en total, acusados de estafar a un matrimonio al que vendieron una vivienda y quedarse con 109.000 euros que les entregó como parte del pago. Serán juzgados por estos hechos el próximo martes, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Según el escrito del fiscal, en julio de 2005, el matrimonio firmó con los acusados, con iniciales A.B.S. y JM.T.P., un contrato de compraventa para adquirir una vivienda unifamiliar en cosntrución en San Miguel de Meruelo, concretamente en el barrio La Aviejada por unos 267.000 euros, con un pago parcialmente aplazado.

En el momento de la firma del contrato, la finca que se vendió al matrimonio estaba libre de cargas.

En el contrato, la promotora se resevaba la facultad de concertar un préstamo o garantia hipotecaria de la finca, en el que el comprador podía, o bien, subrogar al recibir las llaves del immueble o cancelarlo a cargo de la entidad vendedora.

Fue una vez firmado el contrato cuando los socios solicitaron y firmaron dos préstamos hipotecarios que, conjuntamente, ascendían a 224.000 euros.

Según el fiscal, "los acusados, en realidad, formalizaron el contrato y recibieron el dinero del comprador con intención de obtener un beneficio económico ilícito y sin intencio de invertirlo en la construcción de la vivienda".

Esa vivienda, que debía haber sido entregada en julio de 2006, nunca se llegó a dar a sus comprador y ni siquiera se llegó a terminar, permaneciendo, de hecho, hoy en estructura, y está embargada por la Seguridad Social por una deuda que mantenía la constructora.

Por todo lo anterior, el fiscal entiende que los acusados son autores de un delito de estafa, por el que solicita 4 años de prisión para cada uno y una multa de 5.400 euros.

Además, pide la nulidad del contrato y la restitución al matrimonio comprador de los 109.000 euros entregados, además de otros 7.500 euros que éste pago a la empresa que, por encargo de la promotora, estaba ejecutando la obra.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el marido del matrimonio, pide que se imponga a cada uno de los acusados la pena de tres años de cárcel y una multa de 1.800 euros, ademas de una indemnizacion por parte de ambos, y de forma solidaria, de 129.500 euros, mas los intereses.

Finalmente, la defensa, en desacuerdo con los escritos de la Fiscalía y la acusación particular, solicita la libre absolución del acusado.

Asegura que los hechos descritos "no constituyen infracción penal alguna" por lo que mantiene que "sin delito no existe responsabilidad penal".

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