El Partido Socialista quiere que el Gobierno establezca en Andalucía una oficina de atención a las víctimas de posibles 'bebés robados' durante el franquismo ante las quejas de las asociaciones que los agrupan para recabar la información necesaria para sus procesos judiciales.

Así lo reclama el PSOE-A en una proposición no de Ley registrada para su debate en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Socialista pide en primer lugar que el Parlamento manifieste tanto su "solidaridad con las víctimas de estos procesos, padres, madres, hermanos, hermanas y personas a las que se les ha arrebatado su verdadera identidad", como su apoyo a "cuantas iniciativas se emprendan para que las familias puedan acceder a la documentación necesaria para esclarecer lo ocurrido con sus familiares".

Que la junta también colabore

Junto a ello, el PSOE-A insta a la Junta a "colaborar con las familias y con la Justicia de manera ágil y rigurosa, siempre en el marco de la legalidad vigente, en el acceso a los expedientes sanitarios de los hospitales públicos andaluces", así como a "contribuir al esclarecimiento de estos presuntos delitos, facilitando el acceso a la información que está bajo la tutela de la Junta en el marco de la normativa vigente" y promoviendo el "asesoramiento legal a los afectados que tengan derecho al beneficio legal de justicia gratuita".

Además los socialistas proponen al Ejecutivo andaluz que se dirija al Gobierno de la Nación para demandar que "el Instituto Nacional de Toxicología facilite el acceso a las pruebas de ADN a los afectados que hayan formulado denuncias por presunto robo de bebés desde los años 40 a los años 90", así como que "acerque la Oficina de Atención a las Víctimas a las mismas, estableciendo una oficina en Andalucía".

El PSOE formula estas demandas ante el "continuo incremento de casos de personas que buscan a familiares supuestamente robados al nacer y entregados ilegalmente en adopción desde los años cuarenta hasta bien entrada la democracia", una práctica que "en principio surge por parte del franquismo como medida de represión hacia las madres republicanas presas y más tarde se convierte en un negocio que ha operado en toda España, presuntamente al amparo de instituciones eclesiásticas y hospitalarias".

"cientos de familias" afectadas

"En la mayoría de los casos, los representantes de las asociaciones se quejan de la dificultad para recabar la información que necesitan para sus procesos judiciales, de lo costosas que son las pruebas de ADN y de la dificultad que tienen muchas familias para asumir estos gastos", lamenta el Grupo Socialista, que señala que "en Andalucía existen cientos de familias que han denunciado el caso ante la Fiscalía, pero se encuentran con que las denuncias están siendo archivadas por la prescripción de delito, no teniéndose en cuenta que se tratan de detenciones ilegales de carácter permanente hasta que la persona no aparece".

Por último, subraya que "se trata de familias andaluzas que buscan a sus hijos biológicos, y por este motivo, la Junta debe colaborar con la Justicia contribuyendo, en el ámbito de sus competencias, a cerrar este capítulo tan doloroso de familias afectadas lo antes posible".

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