'Murcia en bici', como asociación de usuarios de la bicicleta, se opone "rotundamente" a la obligatoriedad del casco que prevé el borrador del futuro Reglamento General de Circulación, según han informado fuentes de la citada plataforma en un comunicado.

En primer lugar, explican que provocará un menor número de usuarios "y esto conlleva a una menor seguridad del tráfico ciclista, en particular, y del tráfico, en general, al ser la bicicleta un medio menos agresivo que el automóvil o la motocicleta". Así, indican que "a mayor número de ciclistas menor siniestralidad de peatones".

"No discutimos la bondad del uso del casco para evitar lesiones, pero una cosa diferente es obligar a su uso. Los datos de siniestralidad recogen que el uso del casco es inútil, porque la mayoría de daños al ciclista afectan a pies, piernas y manos", añaden.

Así, apuntan que "hay medidas más adecuadas y menos gravosas. Los accidentes mortales se deben en gran medida a atropellos o politraumatismos y la mayoría ocurren en vías interurbanas donde su uso es obligatorio".

Otra razón que esgriman "son las enormes ventajas sociales que se perderían para la ciudad al disminuir el número bicicletas, siendo el casco obligatorio. No hablaríamos de ciudades más limpias, menos contaminantes, más calmadas, más saludables".

Y es que, la obligatoriedad del casco es contraria a la norma general en países con gran trayectoria en el uso de la bicicleta. Se permite circular sin casco en países como Alemania, Holanda y Dinamarca, con ratios de uso hasta el 40 por ciento.

Asimismo, indican que "va en contra del mundo en general, pues sólo en algunos estados de EEUU y Australia es obligatorio. Éste último, pasó a tomar la medida que quiere adoptar España y vio decrecer drásticamente el número de usuarios".

"Mientras, España suspende en el control de emisiones de los principales gases contaminantes, lo que produce 16.000 muertes prematuras al año en nuestro país, diez veces más que la mortalidad anual por accidentes de tráfico y de la que tiene una responsabilidad importante el consumo energético de los medios de transporte. Hay que añadir que el Estado Español se gastó 770 millones de euros en comprar derechos de emisión de CO2 durante la pasada legislatura", critican.

Por ello, exigen a María Seguí, directora general de Tráfico, "que se replantee esta medida teniendo en cuenta su ineficacia y el freno que supone a ciudades por el medio ambiente con la única excusa de la seguridad que queda totalmente en entredicho".

Finalmente, instan también a Miguel Ángel Cámara y la delegada de Medio Ambiente, Adela Martínez-Chacá, "a que se manifiesten públicamente ante esta medida. Murcia ostenta la Presidencia de la red de ciudades por la bicicleta, por lo que debe posicionarse claramente ante los obstáculos que impidan la implementación del uso de la bici como medio prioritario de transporte".

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