Los técnicos de Hacienda denuncian que el Gobierno ha modificado la legislación tributaria para que los expedientes de recaudación pasen a estar gestionados por 17 cargos de confianza de la Agencia Tributaria. El sindicato Gestha ha remitido una carta a cada grupo parlamentario en el que denuncia el riesgo de "politización" que a su juicio supone la resolución aprobada el pasado 22 de enero sobre "organización y atribución de competencias en el área de recaudación".

Tal como explican fuentes del colectivo de subinspectores, antes los expedientes de recaudación de deudas tributarias se asignaban a los distintos equipos con criterios "predeterminados y objetivos", lo que a su juicio garantizaba independecia y objetividad para los ciudadanos. Ahora, que una deuda se cobre o no, "será decidido por el jefe", sostiene José María Mollinedo, portavoz de Gestha. La nueva normativa, denuncian, otorga "una facultad omnímoda a los jefes de las dependencias regionales de recaudación a la hora de asignar expedientes recaudatorios a funcionarios de forma discrecional, sin criterios objetivos", lo que podría dar lugar a tratos de favor.

La normativa especifica claramente que los criterios para asignar cada expediente no están establecidos, ya que "esta facultad se le reconoce al titular de la dependencia regional de recaudación, que deberá ejercerla, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos disponibles (...) y siguiendo las directrices que establezca el Departamento de Recaudación", tal como consta en el BOE.

Fuentes de la Agencia Tributaria, a preguntas de este diario, niegan cualquier peligro de politización y justifican esta nueva norma ya que supondrá una "optimización de recursos y economías de escala" dentro de la administración recaudatoria, y permitirá concentrar esfuerzos y fomentar una mayor especialización. "Este tipo de asignación de expedientes ya se hace en otros ámbitos, como la inspección tributaria (desde el año 2003) o la gestión de multas", explican fuentes oficiales.

Los delegados de recaudación regionales (cargos de libre designación subordinados de la dirección de departamentos, y nombrados por el Gobierno) son "los que mejor conocen los medios de que disponen en cada territorio. Lo que no vas a hacer es darle un caso complejo a alguien que no está especializado", señala Hacienda, que a su vez niega que esta resolución vaya a suponer el traslado de funcionarios a otros destinos.

Pese a las garantías defendidas por la Agencia Tributaria, los técnicos de Gestha estiman que "la imparcialidad de los titulares de las dependencias regionales queda seria e indeseablemente comprometida al ocupar puestos de libre designación", por lo que han solicitado a todos los grupos parlamentarios que insten al Gobierno a suspender la resolución y restablecer baremos "objetivos, públicos y establecidos a priori" para la asignación de expedientes.

El colectivo de inspectores, por su parte, encuentra "razonable" una nueva resolución que otorgue una gran flexibilidad a la agencia para administrar sus recursos, "ya que implantar una estructura uniforme en cada delegación es imposible. La nueva resolución deja mucha libertad de organización a cada dependencia", explica Ransés Pérez Boga, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores (IHE). En su opinión, no obstante, es peligroso y no razonable "recurrir a plazas de libre designación para tomar decisiones que han de ser eminentemente técnicas", indica.

La organización de inspectores denuncia que han proliferado en exceso las plazas cubiertas a dedo; tanto que "alrededor del 50% de los inspectores son de libre designación", según estimaciones de la IHE, que reclama la primacía de criterios meritocráticos como la antigüedad. Así, tenemos en la Agencia Tributaria "casos de adjuntos a un jefe de dependencia con la carrera recién terminada que están dando órdenes a inspectores con 20 años de carrera", ilustra Ransés Pérez Boga.

¿Cómo garantizar la mayor independencia en la cúpula de la gestión tributaria? Los inspectores piden que para esos puestos se reglen los méritos y los perfiles demandados con los mismos requisitos objetivos que en los concursos públicos. De no ser así, la nueva normativa podría convertirse en "un arma de destrucción masiva", opina el portavoz del colectivo.

Pérez Boga pone como ejemplo de hipotético foco de suspicacias las deudas de los clubes de fútbol. "El posible trato de favor podría estar en los aplazamientos, que dependen precisamente de la recaudación. Los aplazamientos, de aprobarse, han de tomarse con estrictos criterios técnicos", recalca.