El Govern ha aprobado este viernes la aportación 339.000 euros para la ejecución del proyecto de demolición de las casas de Ses Covetes, según ha informado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Rafael Bosch.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar tras los acuerdos del Consell de Govern, Bosch ha explicado que esta subvención irá dirigida a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca.

El proyecto contempla la demolición del conjunto residencial de 68 viviendas, una piscina y un bar restaurante, cuya construcción fue declarada nula en mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

Cabe recordar que este jueves, el presidente de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca, Mauricio Rovira, firmó con el vicepresidente económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló, y el alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, el protocolo para llevar a cabo la demolición de las viviendas del núcleo de Ses Covetes y mediante el cual, el Ejecutivo balear sufragará las tres cuartas partes del derribo.

Así, este protocolo, que establece los términos de cooperación de cada administración, es un primer paso para que el Ayuntamiento de Campos pueda hacer efectiva la orden de demolición dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB).

En esta línea, el Consistorio presentará este acuerdo a la Sala Contenciosa Administrativa del TSJB y, una vez que le dé luz verde, podrá encomendar a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial, organismo autónomo del Consell de Mallorca, que ejecute la demolición de los pisos.

Tras la firma del acuerdo, el responsable del proyecto de demolición es el Ayuntamiento de Campos, mientras que la citada Agencia ejecutará el proyecto que cuente con todos los informes favorables y que autorice el tribunal.

Además, Tragsa, que ejecuta proyectos para las administraciones públicas, será con toda probabilidad la empresa que haga el derribo.

Mientras, el Govern, según consta en el protocolo, aportará a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca el 75% del presupuesto de ejecución del proyecto de demolición y de adecuación de los terrenos, seguridad y salud y gestión de residuos, elaborado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

Por su parte, el Ayuntamiento de Campos aportará la cantidad restante para hacer las obras, al tiempo que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca no hará ninguna aportación económica, pero se encargará de materializar la demolición y de restituir los terrenos a su estado original.

Precisamente, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca aprobó este miércoles el citado protocolo, con los votos del PP, el rechazo de Més y la abstención del PSIB. Asimismo, votaron a favor los alcaldes de Sencelles, Montuïri y Marratxí, mientras que el primer edil de Campanet se abstuvo.