La instructora del caso 'Arcos', contra la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín, ve indicios de que funcionarios públicos habrían cobrado supuestamente por realizar modificaciones de datos del catastro en expedientes de parcelas con la finalidad de dar apariencia de legalidad a construcciones, además de que habrían agilizado los trámites en los organismos en los que trabajaban.

Así se desprende de una de las resoluciones dictadas por la jueza a finales de 2012, a la que ha tenido acceso Europa Press, contenida en una pieza separada de dicho procedimiento, que suma más de 50 personas imputadas, entre ellas el exalcalde de dicha localidad José Manuel Martín Alba, el que fuera jefe del Servicio Provincial de Arquitectura, José Mora, y un asesor y gestor inmobiliario, que fueron detenidos por primera vez en 2009.

En la investigación del catastro, se llevaron a cabo hace casi un año registros y detenciones. Los primeros informes hablan de que determinados funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro y del Patronato Provincial de Recaudación supuestamente modificaban las bases de datos de parcelas rústicas de Alcaucín para introducir "información errónea" que permitiera "dar cobertura legal a las construcciones bajo la apariencia de una reforma de ruina, en realidad inexistente".

La jueza señala en dicho auto, que se dictó para autorizar un registro a finales de año en el despacho de un abogado, que se "cometieron irregularidades" en la tramitación de determinados expedientes pues, en algunos casos, la documentación presentada no se corresponde con la exigida. De las investigaciones realizadas y las declaraciones de testigos, se deriva que los clientes acudían al despacho de dicho asesor para encargar esa tramitación.

Así, se alude a que de los documentos aportados por la Guardia Civil, se desprende que "existía un acuerdo de colaboración" entre el asesor y el abogado, por el que en ciertos expedientes, el primero lograba los certificados que se debían emitir por parte del arquitecto imputado o desde el Ayuntamiento; y el segundo, "la rápida alteración de la base de datos", mediante, supuestamente, la retribución a funcionarios públicos para "una actuación fraudulenta".

Según un atestado, incluido en la causa y al que ha tenido acceso Europa Press, la supuesta participación de estos funcionarios sería, según los casos, para que "diera de alta en el catastro la vivienda con una antigüedad falsa" o ruina y para agilizar trámites, apuntando que hay expedientes que se resolvieron en pocos días, cuando el tiempo medio entre 2004 y 2007 era de 141 días. En los informes periciales se alude a tres funcionarios, uno jubilado.

Al respecto, consta en dicho oficio que un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro, que fue detenido, "habría llevado a cabo personalmente múltiples alteraciones fraudulentas de las bases de datos". Además, se añade que de 2001 a 2011 habría obtenido al menos 21.988 euros "cuya procedencia no puede justificar". Sobre otro funcionario, en este caso del Patronato de Recaudación, también le constan anotaciones y el dinero que "no precede de su actividad profesional" se fija inicialmente en 20.790 euros.