El Gobierno propondrá una Ley de Tratados para poner negro sobre blanco qué tipo de acuerdos con autoridades internacionales pueden firmar las Comunidades Autónomas y cuáles no.

Así consta en el anteproyecto de Ley de Acción Exterior y Servicio Exterior del Estado aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros y que esta semana se ha remitido a sindicatos, Comunidades Autónomas, corporaciones locales y otros organismos públicos y privados implicados en la acción exterior para que emitan sus observaciones al respecto, que se recogerán en un informe que deberá ver el Consejo de Ministros.

El texto también se ha remitido a los partidos con representación parlamentaria, a los que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha citado el miércoles próximo en el Congreso para presentarles el anteproyecto.

Este anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado —al que ha tenido acceso Europa Press— ya advierte de que las actividades que las CCAA emprendan en el extranjero "no podrán comportar, en ningún caso, la asunción de la representación del Estado en el exterior, la celebración de tratados internaciones con otros Estados u organismos internacionales, la generación de obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado, ni interferir con la política exterior que dirige el Gobierno".

Para desarrollar este aspecto, el anteproyecto prevé que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley Exteriores elevará al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley de Tratados.

Esta norma pretende poner negro sobre blanco qué tipo de acuerdos pueden firmar las CCAA con autoridades extranjeras, y que en ningún caso pueden ser tratados internacionales, competencia exclusiva del Estado.

Regulará por tanto la firma de declaraciones de intenciones (conocidos como memorandos de entendimiento) entre las CCAA y entidades locales con autoridades internacionales.

Se trata de que todos estos acuerdos pasen el filtro previo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que deberá elaborar un informe sobre si el contenido de dicho acuerdo invade o no competencias del Estado.