El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este jueves una moción conjunta en defensa de la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos, en la que se solicita al Gobierno que modifique el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Con esta propuesta, los grupos del PP y PSPV hacen referencia al contenido del citado anteproyecto de reforma local, que "modifica la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de España durante los últimos 30 años".

Ahora, los cambios previstos en esta reforma podrían "suponer deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias propias de los ayuntamientos", dado que prevé "el traspaso de competencias y recursos económicos a las comunidades autónomas".

En los casos de las competencias denominadas "impropias", según advierte esta moción, "no se asegura con financiación la prestación de los servicios, por lo que podrían ser suprimidas al no ser prestadas por ninguna otra administración".

Por todo ello, la moción plantea la necesidad de que se abra un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que "permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local, garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos".

La moción además reafirma "la autonomía local y la trascendencia del papel" de los ayuntamientos en la "igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social, elementos que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía".

Defensa de los municipios alicantinos

Por otra parte, el pleno también ha aprobado una moción conjunta que propone solicitar al Gobierno que reconsidere su negativa a conceder ayudas a los municipios de Penáguila, Torremanzanas, Benifallim y Cocentaina, afectadas por incendios forestales el verano pasado que calcinaron cientos de hectáreas de monte en terrenos tanto públicos como privados.

"La Generalitat valenciana no puede permanecer ajena al daño ecológico y humano que han sufrido parajes naturales de tanta importancia para la provincia de Alicante", recoge este escrito, en el que se reclama al Consell que "defienda ante el Gobierno los intereses de los municipios alicantinos afectados por esos incendios".

Juzgado privativo de aguas

Así mismo, el pleno además ha aprobado otra moción conjunta para pedir al Gobierno y al Congreso de los Diputados el reconocimiento del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como Tribunal Consuetudinario y Tradicional.

Este reconocimiento, al que también se pide que se sume la Generalitat Valenciana, supondrá un impulso para que la UNESCO declare al Juzgado Privativo de Orihuela como Patrimonio de la Humanidad, un proceso que ya está en trámite y que reconocerá la importancia de este entidad jurisdiccional milenaria como parte de nuestro patrimonio cultural e histórico.

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela es una entidad que imparte justicia y administra los riegos desde hace más de mil años. Desde tiempos de la dominación árabe, este tribunal ha servido para, aplicando el derecho no escrito, consuetudinario, solventar los conflictos entre los regantes de buena parte de la Vega Baja.

Según recoge la moción, "todo ello hace merecedor a esta institución del reconocimiento de Tribunal Consuetudinario en la aplicación del derecho en cuestiones de hecho y demandas que se presenten ante el mismo".