La reforma laboral impulsada por la ministra Fátima Báñez ha cumplido un año desde que fue convalidada en el Congreso, un tiempo en el que ya ha permitido comprobar algunos fallos y aciertos en la nueva normativa, a juicio de los economistas y sindicatos consultados por este diario. Todos coinciden, con matices, en que la ley ha sido ineficaz en la creación de empleo y ha supuesto, sin embargo, un abaratamiento de los costes laborales.

El paro registrado en febrero alcanzó la cifra de 5.040.222 personas tras subir un 1,2% respecto a enero, según en Ministerio de Empleo; esta cifra récord se suma a la que ofreció en enero la Encuesta de Población Activa (EPA), que situó la tasa de paro al cierre del año pasado en el 26,02%, porcentaje más de tres puntos superior al de 2011. El número total de desempleados, según el INE, ascendió a 5.965.400 personas.

Desde febrero de 2012, cuando se aprobaba una normativa que generalizó una indemnización por despido de 20 días por año y se creó un nuevo contrato indefinido con un año de prueba, el mercado laboral ha destruido unos 850.000 empleos, según datos oficiales. "La situación económica no es nada buena y por ello no hay ni habrá contrataciones en el plazo corto", explica Sergi Jiménez, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

En opinión de este investigador de la Fundación de Estudios Aplicados (Fedea), la reforma aprobada por el Gobierno no está aportando casi nada de lo que necesita el mercado laboral. "Ni ha aumentado la flexibilidad ni se ha eliminado la dualidad", dos de los principales problemas del modelo productivo español. Además, lejos de simplificar el sistema para facilitar las contrataciones, se ha optado por lo contrario: "Se ha complicado más aún con un nuevo tipo de contrato; esto es algo que solo beneficia a los intermediarios, que son los expertos en contratación", señala el profesor Jiménez.

Donde Sergi Jiménez sí ha visto avances, no obstante, es en que gracias a la reforma "los salarios se están ajustando a la baja", algo que, en teoría, beneficia a las exportaciones españolas gracias a una ganancia en competitividad. Más crítico con este aspecto es el analista de Comisiones Obreras, Carlos Martín Urriza, que en su informe Un año de reforma laboral denuncian un "trasvase en el reparto de la renta de los asalariados hacia los empresarios y autónomos de 55.000 millones".

Martín Urriza constata un "importante ajuste interno y externo del trabajo de las empresas" unido a una "significativa devaluación salarial"; un efecto que ha desplomado el consumo interno y ha agudizado la caída del producto interior bruto, tal como ya informó este diario. Esta reducción de salarios ha permitido impulsar el sector exterior, "pero su dimensión es todavía insuficiente para generar el volumen de empleo necesario para sacar a la economía de la profunda crisis", concluye el informe.

Precisamente la crisis ha supuesto, en opinión del profesor de la Universidad de Valencia, Lorenzo Serrano, un agente distorsionador, ya que "hay medidas como la reducción del coste por despido que provocaría efectos distintos a los vistos hasta ahora si no estuviéramos en recesión", sostiene. Para este investigador del Ivie, los cambios regulatorios provocados por la reforma laboral van en la buena dirección ya que "nos acercan a los países de nuestro entorno", si bien sus consecuencias son muy distintas en un contexto de crisis o de expansión.

Esta misma semana, Francia aprobó una reforma "sin precedentes" en los últimos 30 años, también con medidas de flexibilización que permiten negociar a la baja salarios y horarios laborales. La medida, no obstante, recibió el apoyo de tres de los cinco grandes sindicatos del país, ya que a la vez incorpora refuerzos a los derechos de los trabajadores, como la generalización del seguro sanitario complementario o la penalización de los contratos temporales de menos de 3 meses.

"Ha habido cambio de las reglas de juego. Ahora todo depende de cómo se juege, y es pronto para evaluar cómo se están llevando a la práctica muchas de las herramientas de flexibilidad que permite la reforma laboral", explica el profesor Serrano, que reitera que con la nueva regulación "se abre la puerta para que se negocie de otra manera en las empresas y haya alternativas al despido". En su opinión el verdadero alcance de esta reforma no se podrá ver hasta que no venzan la mayoría de los convenios colectivos.

A falta de que haya más perspectiva, lo cierto es que los datos, tal como señala CC OO, no permiten ser optimistas con la reforma laboral, que está siendo utilizada como una herramienta para despedir barato, incluso en la administración pública, que solo en el último año ha destruido 219.000 empleos. "La reforma ha intensificado el recorte del empleo", indica Martín Urriza, que además constata que ahora afecta más que nunca a los trabajadores más veteranos y con mejores condiciones laborales.

Aludiendo a causas económicas o industriales es posible reducir y reordenar plantillas, asi como ajustar las condiciones laborales de los empleados que permanezcan en la empresa. Ante este panorama, y en apenas un año, los trabajadores afectados por un ERE no pactado se han duplicado, pasando de un 11% del total en 2011 a casi el 27% en 2012. Aún así, "la posible sustitución de colectivos con mayor antigüedad y coste por otros con un coste laboral más bajo es un asunto que difícilmente se puede seguir desde la estadística oficial", concluye el informe.