PP, PSOE y Grupo Mixto han aprobado por unanimidad parte de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por los socialistas a través de la que se solicita a la Junta a que se dirija a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) a que promueva la adhesión de ayuntamientos al convenio para el Fondo Social de Viviendas en Alquiler ante el "drama" de los desahucios.

El Grupo Parlamentario Popular apoyó dos apartados de los cuatro que detallaba la propuesta socialista y ambos referidos a la FRMP, ya que también se instará a la Federación a promover en el plazo "más breve posible" a la supresión cautelar de las liquidaciones del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual.

Sin embargo, finalmente no salió adelante la intención del PSOE de que las Cortes trasladaran al Gobierno central su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular sobre la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social presentada en las Cortes generales ni impulsar la paralización de las relaciones con aquellas entidades financieras donde se sigan realizando alzamientos.

El procurador socialista Fernando Rodero ha sido el encargado de defender esta iniciativa parlamentaria desde la premisa de que "hay personas que lo han perdido todo", ya que se alcanza la cifra de 15.000 familias en Castilla y León desde 2007, de las cuales muchas "ya están en situación de exclusión social" como consecuencia de la "diabólica espiral" bancaria.

Para Rodero el principal objetivo debe ser "aliviar el sufrimiento de las víctimas de este drama", algo que, a su juicio, "no es una opción" sino "una obligación" de la clase política.

Por su parte, la procuradora 'popular' María de las Mercedes Alzola Allende ha recordado que el Gobierno central es el primero que ha tomado decisiones y ha dado "respuestas inmediatas" a esta situación con el fin de "frenar los desalojos" a través de mecanismos como el Fondo de Vivienda Social, la dación en pago o la tramitación de las reformas legislativas pertinentes.

Alzola Allende ha acusado al PSOE de estar "callados durante años" ante esta situación a pesar de haber contado con responsabilidad de Gobierno, tras lo que ha apoyado los apartados de la PNL que, a su juicio, competen a la Comunidad porque el resto es "de rango nacional".