La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha remitido una carta a la ministra de Empleo del Gobierno de la Nación, Fátima Báñez, en la que le reclama "mayor protección para los trabajadores autónomos en riesgo de desahucio o que han perdido ya su vivienda, como consecuencia de un empobrecimiento que les impide, con causa justificada, hacer frente al pago de las cuotas de la Seguridad Social".

En este sentido, Cortés ha recordado que "ayer conocimos unos nuevos datos demoledores de paro que acreditan otra vez el fracaso de la reforma laboral y evidencian que las políticas de recortes están destrozando la economía y el tejido laboral y productivo, causando un perjuicio terrible a los trabajadores autónomos, que en miles de casos están perdiendo su negocio y, como consecuencia de ello, su vivienda", razón por la cual, según Cortés, el Gobierno, "que tanto se ha arrogado una sensibilidad especial con los autónomos, debe actuar con urgencia" ahora.

A este respecto, Cortés ha destacado en la misiva a Báñez que su Consejería, en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, abrió en octubre del pasado año oficinas en las ocho provincias andaluzas para ofrecer, precisamente, prevención, intermediación y protección a personas en riesgo de desahucio o que ya han visto lesionado su derecho a la vivienda.

Dichas oficinas atendieron, entre el 8 de octubre de 2012 y el 25 de enero de 2013, a 1.832 personas. Ello implica que "a través de este Programa —según indica Cortés en la carta— venimos realizando atención a personas que se encuentran en situación de riesgo de pérdida de su vivienda familiar como consecuencia de deudas pendientes con la Seguridad Social" y, "generalmente, se trata de deudas derivadas del impago de cuotas del Régimen Especial de Autónomos, en las que la gestión recaudatoria sigue el procedimiento establecido y sitúa a estas personas frente al embargo y posterior subasta de su vivienda".

La consejera señala también en la carta que "es muy injusto que en la actual situación de la crisis económica una administración pública pueda llegar a privar de su vivienda a una familia", por no poder hacer frente a una deuda generada por un empobrecimiento sobrevenido, directamente atribuible al deterioro general de la economía y del mercado laboral.

Por ello, "ante situaciones de emergencia —prosigue Cortes en la misiva—, las administraciones están obligadas a ofrecer soluciones de emergencia. Como consejera, apenas un mes después de llegar al cargo, di orden de paralizar todos los desahucios en el parque público de vivienda en los casos en que los impagos sean producto de un empobrecimiento por pérdida de empleo".

Por último, la consejera insta en su misiva al Gobierno a la aprobación de cuantas normas o instrucciones sean necesarias "para paralizar los procedimientos de apremio sobre bienes inmuebles que constituyan la vivienda familiar, única y habitual, de deudores a la Seguridad Social de buena fe, que se encuentren en circunstancias personales y económicas merecedoras de tal protección".

Convenio con castro del río

La titular de Fomento y Vivienda ha explicado el contenido de esta carta durante la firma este martes en Castro del Río (Córdoba), con el alcalde de dicha localidad, José Luis Caravaca, del convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento puesto en marcha por su departamento que implica la atención a la ciudadanía desde oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía. Con esta rúbrica, dicho consistorio se suma a los municipios cordobeses de Belmez, Baena, La Rambla, Doña Mencía, Priego de Córdoba y Puente Genil, que ya han dado su apoyo a la iniciativa.

Cortés ha felicitado al alcalde de Castro del Río por esta decisión, "que demuestra que la política municipal puede romper con la neutralidad y ponerse del lado de las víctimas de la crisis y frente a las entidades financieras", haciendo entonces la consejera un llamamiento a los vecinos del municipio para que "superen el miedo y la vergüenza" y acudan a las oficinas si lo necesitan, o bien animen a quienes están en situación de riesgo de perder su casa, porque "quienes deben sentir vergüenza son los gobernantes que han permitido que se llegue a esta situación de emergencia social, no los ciudadanos víctimas de sus políticas", ha añadido Cortés.

Cortés ha detallado que sumarse al convenio implica "sellar el compromiso con la defensa del derecho a la vivienda, un derecho que la propia relatora de la ONU especializada en la materia subraya que está siendo "sistemáticamente pisoteado en España, donde tantos ciudadanos han quedado atados de por vida a hipotecas que ya no pueden pagar, debido en gran medida a la pérdida de su empleo".

50

Municipios adheridos

A su juicio, "el proceso que se ha abierto con este programa va cosechando sus frutos, puesto que en la actualidad son ya 50 municipios los adheridos a este bloque político constituido para luchar precisamente contra este drama social, a los que hay que sumar la Diputación de Huelva", de tal forma que "continuamos, paso a paso, conformando un bloque político contra los desahucios. Un bloque al que animo a sumarse a todos los municipios, sin distinción de color político, porque el problema de los desahucios afecta a la totalidad de los pueblos y ciudades de Andalucía".

El acuerdo firmado garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en los municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

También se compromete, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las delegaciones territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección, con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.

Los ayuntamientos facilitarán a las delegaciones territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual. Estos acuerdos contemplan la constitución de una comisión de seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.