El Tribunal de Cuentas italiano ha fijado para el próximo 13 de noviembre la vista contra al arquitecto valenciano Santiago Calatrava y tres ingenieros acusados de "daño" al erario público por errores cometidos durante la construcción del puente que diseñó para Venecia, inaugurado en 2008.

Tras diez años de investigación, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carmine Scarano, ha concluido la existencia de un crecimiento exponencial de los costes del puente, que han pasado de los 4 a los 10 millones de euros, informaron los medios de comunicación italianos.

Ello ha provocado, según ha explicado en su informe Scarano, un "objetivo y desconsiderado aumento de los costes respecto a los gastos presupuestados". Ante esta situación, el fiscal del Tribunal de Cuentas ha pedido 1.078.000 euros a Calatrava y más de 1.700.000 euros a cada uno de los responsables "únicos" de la dirección de los trabajos, Roberto Scibilia y Roberto Casarin.

"En el futuro, supondrá (el puente) un constante y desproporcionado desembolso económico por parte de la administración dado que la obra ha sido hecha de una enfermedad crónica, que necesitará una vigilancia constante y diversas intervenciones que no están relacionadas de ninguna manera con la manutención ordinaria", observa Scarano.

La construcción del conocido como Puente de la Constitución, que une la plaza de Roma con la estación ferroviaria de Santa Lucía, ha estado envuelta en la polémica desde los inicios del proyecto y sus costes fueron uno de los asuntos más controvertidos. A las críticas de su elevado coste se sumaron las de los retrasos en la construcción, puesto que en el 2002 se había fijado un plazo de poco más de un año para finalizar la obra.

"Se podría afirmar —concluye Scarno— que el cuarto puente sobre el Canal Grande de Venecia constituye un daño duradero".