El portavoz de Función Pública del PP-A, Rafael Ruiz Canto, ha exigido este martes "explicaciones" al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, sobre "por qué despojó" durante diez años a los servicios jurídicos de la Junta de sus funciones a favor del bufete privado Garrigues, que facturó servicios a la Administración autonómica al menos por 1,5 millones de euros entre 2001 y 2011, según la relación de contratos que figura en el sumario de la causa del caso ERE.

Ruiz Canto ha explicado en rueda de prensa que, "si hasta la juez" que instruye este caso de irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta en este periodo pide esta información, es porque el Gobierno andaluz "no es claro ni transparente" en su gestión y, por tanto, debe decir a la opinión pública "los motivos que fundamentan que se haya despojado a sus propios servicios jurídicos de la defensa de los intereses de los andaluces y cuál es la cuantía real de los gastos ocasionados por los caprichosos recursos que impone la Junta".

"Griñán debe explicar los motivos por los que se sustituyen a funcionarios que prestan servicios jurídicos en la Administración por bufetes privados", ha incidido tras preguntarse "por qué los contratos de los últimos años no han sido publicados" en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para que hubiera podido presentarse "cualquier gabinete".

El 'popular', además, ha querido poner el acento en la "gran diferencia" que, según ha detectado el Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, existe entre los casi 50.000 euros "declarados" por Garrigues como facturas a la Junta y los 724.388 euros señalados por la Agencia Idea. "Estamos hablando de una gran diferencia, no de un piquito", ha apostillado para criticar el "oscurantismo" de quienes "tanto hablan de transparencia en público y luego en la intimidad de sus gobiernos no la practican".

Ante ello, ha vuelto a reclamar al "bipartito" que explique a qué se deben estos requerimientos por parte del Juzgado que instruye el caso de los ERE y que lo haga "públicamente y no por la vía parlamentaria", ya que en ésta, según ha lamentado Ruiz Canto, los miembros del Ejecutivo autonómico "no saben nunca nada". "Yo llevo varios meses interpelando sobre esto que casualmente ahora pide la juez al Gobierno, por lo que no estaremos muy equivocados en nuestras peticiones cuando no solo nosotros apuntamos a esta falta de información", ha concluido.