La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, ha asegurado que entiende las medidas de presión planteadas por plataformas de afectados por la hipoteca (PAH), entre ellas la persecución por la calle a los diputados del Congreso que no se comprometan por escrito a apoyar sus demandas, si bien ha apostado por el diálogo con los responsables políticos.

"Las personas nos entendemos hablando. Nosotros nos hemos ofrecido a hablar con ellos", ha incidido la titular de Familia durante una visita a Segovia para reunirse con el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, y conocer las obras de un centro infantil en la localidad de Abades.

Marcos ha señalado la necesidad de que los esfuerzos se centren en concienciar a las familias afectadas o en riesgo de desalojo de acudir al Programa Integral de Apoyo puesto en marcha por la Junta en noviembre de 2012, un servicio al que se puede acceder a través del teléfono 012.

En sus cuatro meses de funcionamiento, más de 500 personas se han beneficiado en la Región de este programa, según ha recordado en declaraciones recogidas por Europa Press la consejera, quien ha precisado que están habilitadas las tres fases del mismo.

La primera de estas fases está dirigida a familias en riesgo de desahucio e incluye la puesta en marcha de un plan urgente de economía y gastos para evitar el sobreendeudamiento.

En la segunda fase, la de intervención, se negocia con las entidades financieras (hasta el momento son once las que se han adherido al programa) para evitar el alzamiento del hogar cuando ya hay impago.

El último paso, de carácter paliativo, se da cuando hay pérdida de la vivienda. En este nivel la Junta colabora con organizaciones como Cruz Roja y Cáritas en la búsqueda de una alternativa para los afectados.

La consejera ha indicado que en Segovia existen cinco oficinas de atención a personas en peligro de desahucio, cuatro en los distintos CEAS de la provincia y un quinto en la capital, que han asistido a 56 familias en cuatro meses.

Marcos ha confiado en que el cambio de la normativa financiera favorecerá una mejor solución relativa a desahucios, pues según ha dicho se incrementarán las posibilidades de éxito del programa integral autonómico.

Colaboración y coordinación

Durante su visita en la Diputación, Marcos y Vázquez han revisado el convenio marco suscrito entre la Consejería y la Institución provincial segoviana para 2012, dotado con cinco millones de euros y destinado a ayudar a las personas que más lo necesitan, según ha subrayado la consejera.

Asimismo, se ha abordado la firma del acuerdo para 2013, que previsiblemente tendrá lugar antes de junio. El nuevo convenio contará con un presupuesto similar al del pasado ejercicio.

La titular de Familia y Servicios Sociales ha insistido en el objetivo de la Junta de continuar atendiendo a las familias, en coordinación y cooperación con otras administraciones, para hacer frente así a un nuevo escenario generado por la crisis.

En este sentido, ha recordado la puesta en marcha de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que desde sus orígenes a beneficiado a 600 personas en la provincia de Segovia.

Marcos ha reconocido que la situación actual es "complicada" y que por ello se han reclamado sacrificios a los ciudadanos, pero que no obstante se están manteniendo los servicios, la atención profesional y el empleo en función de criterios "justos".