El Gobierno de Extremadura ha advertido que "no tolerará ningún tipo de extorsión hacia los órganos de decisión o los trabajadores" de Caja Rural de Extremadura, en el proceso de elección del presidente de la entidad.

Una advertencia que el Ejecutivo regional realiza ante los "graves acontecimientos e irregularidades" que han sido denunciados por los propios trabajadores en el seno del comité de empresa de la entidad, y ante los que se reserva "todos los derechos de actuación encaminados a resolver, de una vez por todas, esta lamentable situación".

Ante esta situación, el Ejecutivo ha ratificado la "defensa de los intereses legítimos de la entidad" y ha avanzado que "rechazará contundentemente cualquier acción indiscriminada que ponga en riesgo la independencia de su gestión", así como la libertad de decisión de sus responsables.

Entre las actuaciones, el Gobierno de Extremadura señala que "está considerando la posibilidad" de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal "todas y cada una de las irregularidades acaecidas", de las que, según señala, "tiene pleno conocimiento", asegura en nota de prensa el Ejecutivo.

"Reviste especial gravedad", a su juicio, que "muchas de las amenazas" sobre los trabajadores de la entidad extremeña "están siendo auspiciadas por una persona cuya pertenencia a Caja Rural de Extremadura no consta al Gobierno de Extremadura", y prueba de ello es que no figura en el registro de altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda, según asevera el Ejecutivo.

Finalmente, el Gobierno extremeño ha reiterado su "voluntad de velar por la independencia de los procesos que se desarrollen en la entidad", y ha reafirmado su "intención de protegerla de aquellos que sólo persiguen entorpecer y alterar la libre decisión dentro de Caja Rural de Extremadura".

Unas "anomalías" que, según asegura el Ejecutivo regional, "están causando un importante daño a la imagen de la entidad ante toda la sociedad extremeña".