La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, y el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, han suscrito este lunes un convenio con por el que la Junta cede gratuitamente la tecnología de su pasarela de pago a la institución provincial para que los contribuyentes puedan abonar sus impuestos por Internet a este organismo.

Esto "evitará desplazamientos" a los contribuyentes y "facilitará la vida de los ciudadanos", tal y como ambos han resaltado durante el acto celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación.

La Diputación accede así al sistema, amparada por el acuerdo marco suscrito por el Gobierno autonómico y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) en marzo de 2007.

"Es un convenio muy importante para la Diputación porque acerca a la modernidad y hay una relación más directa con los ciudadanos, eliminando papeles y documentos", ha comentado Martínez Maíllo.

Pilar del Olmo, por su parte, ha explicado que este convenio permitirá a los zamoranos pagar impuestos por Internet "sin desplazarse y sin coste".

Tal y como han apuntado, todos los usuarios podrán acceder gratos a este programa en el que la Junta "ha invertido tiempo y dinero", y estará disponible los 365 días del año las 24 horas.

En este sentido, ha señalado que la Consejería "ha intensificado su apuesta por la calidad de los servicios tributarios" en los últimos años, con el fin de "mejorar" su gestión y "acercar la Junta a los ciudadanos".

En estos momentos son 38 las entidades locales se han adherido ya al convenio marco. Además, el hecho de que sea una tecnología puntera ha llevado a otras comunidades autónomas a solicitar su uso a la Junta, que se lo ha cedido a Madrid, La Rioja y Asturias en el marco de la colaboración institucional entre administraciones, según ha explicado Del Olmo.

CIFRAS

La utilización de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos ha experimentado un crecimiento constante desde su implantación en 2004, que, a juicio de sus promotores, "acredita la buena aceptación del sistema". De hecho, el número de autoliquidaciones tramitadas "se ha multiplicado por más de diez desde entonces".

En 2012, noveno año de funcionamiento de este servicio, se presentaron 123.098 autoliquidaciones por importe de 108,9 millones de euros. De ellas la mayor parte (en concreto 67.825, el 55 por ciento del total) fueron del principal tributo que gestiona la Junta, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Otro servicio "muy apreciado" por los usuarios es el sistema de valoración de bienes, hasta el punto de que en 2012 se hicieron 769.933 consultas de este tipo a través de la página web de la Junta.

El Gobierno autonómico, ha afirmado, "no solo ofrece la posibilidad de pagar impuestos telemáticamente", sino que desde su sede electrónica "se pueden gestionar alrededor de un millar de procedimientos administrativos", 85 de ellos de forma completa y el resto en una o varias de sus fases.

Para acceder a las 978 gestiones y servicios más comunes, a los que se irán incorporando más en el futuro, basta con disponer de firma digital o DNI-e, imprescindibles para acreditar la identidad de los usuarios.

Paralelamente, se han regulado todas las herramientas que intervienen en la teletramitación de un procedimiento, desde su inicio hasta su finalización. Así, se han establecido las características del Registro Electrónico, que es la primera instancia en la que se recibe cualquier solicitud o comunicación.

Por otra parte, se han determinado las condiciones de validez y eficacia de los expedientes y documentos digitales que emite el Gobierno autonómico; se ha fijado la obligatoriedad de conservarlos en el Depósito de Originales Electrónicos de la Administración, y se ha reconocido el derecho a obtener copias cuando se es parte interesada.

La última gran novedad del texto legislativo es que da un periodo transitorio de algo más de un año para que el conjunto de unidades y departamentos del Gobierno de Castilla y León, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado se relacionen entre sí por medios electrónicos. Es decir, a partir del 31 de marzo de 2014 se suprime el papel en las comunicaciones internas de la Junta, medida que "es coherente" con la apuesta del Ejecutivo "por la eficiencia y la austeridad en el gasto".