La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado de estafar a más de 100 personas cuando trabajaba como agente de seguros en Langreo, por lo que se le pide una pena de cuatro años de prisión y el pago de indemnizaciones por más de 170.000 euros.

En el banquillo se sentará además una mujer que presuntamente colaboró en alguna de las operaciones. La vista oral está señalada del 4 al 8 de marzo de 2012 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a partir de las 10.30 horas. Los acusados son J.L.Á.P., nacido en 1954, y N.G.G., nacida en 1980.

La Fiscalía sostiene que el acusado J.L.Á.P. fue agente de seguros de la entidad Catalana Occidente desde el 1 de septiembre de 2003 hasta octubre de 2008, desarrollando su actividad en un local en Langreo, propiedad de la empresa. El acusado, en su calidad de agente de seguros de esa compañía, ofreció a una tía suya un plan de pensiones, dando ésta -en efectivo y en mano- al acusado dos entregas de 3.000 euros en Junio y diciembre de 2006, una de 6.000 euros en junio de 2006 y otra más de 30.000 euros en mayo de 2005 como aportaciones al plan.

El acusado, a cambio, le entregó unos recibos firmados por él y con el sello de Catalana Occidente, así como un certificado con el número de la póliza y las condiciones de la misma, sellada y firmada por Catalana Occidente. No obstante, J.L.Á.P. no llegó a formalizar la póliza ni a entregar las aportaciones a la aseguradora, incorporándolas a su patrimonio.

La mujer formuló una demanda de resolución de contrato frente a Catalana Occidente, que fue condenada a pagarle 76.086,41 euros por el capital entregado, intereses y gastos generados. La perjudicada ha renunciado a la indemnización a la que tuviera derecho.

Además, el acusado, con ánimo de obtener un beneficio ilícito, y también en su calidad de agente de Catalana Occidente, ofreció a un total de 79 personas diferentes seguros, sin llegar a abonar a la empresa aseguradora la mayoría de las cantidades obtenidas.

Con J.L.Á.P. trabajaba en el local la también acusada N.G.G., que entre febrero de 2008 y marzo de 2009, comenzó a desarrollar sus funciones como agente de la compañía de seguros Vitalicio, configurándose como persona interpuesta, dado que quien gestionaba las pólizas era el otro acusado, que no podía figurar como agente de Vitalicio al serlo ya de Catalana Occidente.

Así, ambos, de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio ilícito, realizaron operaciones con siete personas para Vitalicio, apropiándose presuntamente de las cantidades de las primas que recibían en metálico.

Posteriormente, una vez que N.G.G. finalizo su relación con el acusado y con seguros Vitalicio, J.L.Á.P. continuó, con idéntico ánimo de lucro, realizando las mismas operaciones, con otras 24 personas.

Además, el acusado se presentó en el mes de octubre de 2009 en la oficina de la compañía Reale de la calle La Playa de Gijón, ofreciéndoles a una serie de personas como clientes para pólizas de seguro, ya que -según indicó- no podía proporcionarles nada que se acomodara a las características que requerían en los seguros que el acusado ofrecía.

De esta forma, se formalizaron cinco pólizas que fueron dadas de baja por la compañía por impago, ya que aunque los asegurados abonaron el importe de las primas en efectivo al acusado, éste no procedió a reingresarlo en la compañía. El acusado también suscribió otras tres pólizas con Allianz, que los asegurados pagaron pero que J.L.Á.P. no entregó a la empresa. Ésta, ante los impagos, anuló los contratos.

La Fiscalía considera que los acusados son autores de un delito continuado de apropiación indebida y otro continuado de estafa y solicita que se condene al acusado J.L.Á.P. a cuatro años de prisión y el pago de una multa de 2.700 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y a la acusada N.G.G. a dos años de prisión y multa de 1.800 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

El Ministerio Público solicita además que se condene a J.L.Á.P. a abonar una indemnización de 104.314,99 euros a Catalana Occidente, de 8.618,36 euros a Vitalicio y de un importe que suma 60.459,77 euros a los particulares perjudicados; y de forma conjunta y solidaria con la acusada N.G.G. a pagar 5.506,17 euros a otros siete particulares perjudicados.