Uno de cada cuatro mayores de la Comunidad de Madrid con plaza en residencia privada se ve abocado a dejarla por la crisis económica, pese a que la mayoría de los geriátricos ha bajado los precios por los recortes en los servicios prestados por la administración pública.

La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade) cifra en un 25% las plazas libres en las residencias privadas de Madrid, un dato que "no se había dado", según su presidente Javier Gómez, quien ha indicado que hace un par de años la media de vacantes estaba entre el 8 y el 10%.

La cifra equivaldría a que 2,5 de cada 10 ancianos habrían sido retirados de la residencia por sus familiares por motivos económicos, aun teniendo en cuenta que el precio medio ha caído desde junio de 2011 —cuando era de 1.800 euros— y oscila actualmente entre los 1.400 y 1.500 euros, según datos de Amade.

Los expertos consultados coinciden en advertir que sacar al anciano de un centro de cuidados puede empeorar su calidad de vida ya que, habitualmente, los familiares o cuidadores carecen de la formación necesaria para detectar ciertas incidencias, sobre todo en los que tienen una salud más frágil.

Pero los testimonios de las familias, a quienes la crisis ha acuciado el bolsillo, ponen de manifiesto que sacan a sus mayores porque no pueden afrontar los gastos.

Amalia C. ha explicado que es hija única y recibe 900 euros de prestación por desempleo, a los que suma 500 euros de la pensión de su madre, que con 72 años padece demencia senil y una minusvalía física que le obliga a moverse en silla de ruedas.

"Reúno solo 1.400 euros, lo que me costaba la residencia", ha dicho y ha relatado que ha tenido que sacar a su madre y contratar a una cuidadora, a la que paga 300 euros al mes porque no puede encargarse de ella durante todo el día y no recibe respuesta de las residencias públicas.

Fernando R. trabaja actualmente con un contrato a tiempo parcial y se vio obligado a traer a casa a su padre de la residencia al poco tiempo de que se le diagnosticara Alzheimer y después de que se le agudizara una discapacidad visual que padecía desde hace años.

Se queja de que no encuentra soluciones al problema ya que con su situación económica y familiar —su mujer está en paro y tiene una niña de poco más de un año— no puede pagar centros de día o residencias privadas, por lo que espera plaza en alguna dependencia pública cercana a su hogar.

Fernando se ha lamentado porque, tras el fallecimiento de su madre hace 5 años, apenas tiene "tiempo y dinero" para darle la "calidad de vida" que merecería su progenitor.

Por su parte, el presidente de Amade ha denunciado que la bajada de precios en las residencias privadas ha repercutido en la "calidad de los servicios" que se prestan y ha añadido que afecta principalmente a "recortes de personal", como auxiliares, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o psicólogos.

Ha achacado dicha situación a la supresión o disminución de algunos "conciertos suscritos" con la administración pública.

Gómez ha dicho que "no hay equilibrio" entre el coste actual de una plaza y los servicios que se prestan y ha mencionado que en enero de este año Amade llevo a cabo un muestreo sobre 200 residencias de la Comunidad de Madrid que habían cerrado 25 por la crisis.