La Fiscalía solicitad dos años y cuatro meses de prisión y el pago de más de 970.000 euros para un empresario gijonés acusado de un supuesto delito contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público afirma que falseó su declaración del impuesto de sociedades para reducir su tributación. La vista oral está señalada para este lunes, 4 de marzo de 2013, en el Juzgado de lo Penal número dos de Gijón, a las 11,30 horas.

A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía de Área de Gijón sostiene que el acusado, J. G. V., nacido en 1965, desde* su constitución en 1997 y hasta al menos el año 2010, figuraba como administrador único de una sociedad domiciliada en Gijón, de la que también era socio.

Esta sociedad, administrada por él, presentó una declaración-liquidación correspondiente al impuesto sobre sociedades del año 2005, en la que el acusado, conscientemente, consignó datos que no se correspondían con la realidad de su actividad empresarial con el fin de minorar la tributación debida y ocultar el volumen real de sus operaciones, datos que por otra parte tampoco se reflejaban en los libros registros oficiales de contabilidad de la empresa. *

En concreto, incrementó ficticiamente la partida de ingresos en 1.025.761,72 euros y en mucha mayor medida la de compras y gastos, sobre todo los de explotación, en la suma de 1.725.821,98 euros, no regularizando la variación de existencias. Esto determinó que declarara unos beneficios en el ejercicio impositivo de 57.514,36 euros, cuando los reales eran de* 717.260,37 euros, lo que supuso que dejó de ingresar, descontando lo que efectivamente ingresó a la Hacienda como consecuencia de la autoliquidación tergiversada presentada (3.069 euros),* la suma de 243.471,97 euros. Todo ello acompañado* de una ocultación de parte de las facturas de venta emitidas y de parte de los albaranes de ventas que no eran facturados.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal y solicita que se condene al acusado a dos años y cuatro meses de prisión, multa de 730.415 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un año de privación de libertad. De la multa responderá de forma directa y solidaria la sociedad de la que era administrador el acusado.

Se pide igualmente que se prive a éste durante cuatro años de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios fiscales o de la Seguridad Social. Además, la Fiscalía solicita que el acusado y su empresa indemnicen a la Hacienda Pública con 243.471,97 euros con los intereses legales correspondientes, más el pago de las costas procesales.