El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido la instrucción sobre la red de extorsión de ETA que usaba como "centro neurálgico" el bar Faisán de la localidad guipuzcoana de Irún, y ha elevado la causa para enjuiciar a 14 personas relacionadas con esta trama.

Este juez también instruye el denominado caso Faisán, sobre el supuesto chivatazo a ETA de una operación contra su red de extorsión en 2006, y en ambos aparece como procesado el dueño del establecimiento, Joseba Elosua.

En un auto emitido este viernes, Ruz decreta el cierre de las investigaciones de esta red que extorsionaba a empresarios e industriales al estimar que han sido practicadas todas las diligencias necesarias, así como la concretada participación que han tenido los procesados en una larga lista de delitos.

Asimismo, ha remitido la causa a la sala de lo penal para que, en su caso, fije una fecha para la celebración del juicio oral, a la que también ha enviado todos los efectos u objetos intervenidos en la investigación de la trama, salvo una pieza separada relativa a los procesados por el aparato de extorsión 'GEZI' y que afecta a siete personas.

Ruz señala que no había sido posible decretar la conclusión del sumario debido a la falta de determinadas diligencias y a la incorporación a la causa del testimonio del recibo de pago por la cantidad de 54.000 euros hallado en la entrada y registro realizado en el domicilio de José Antonio Cau Aldanur, investigado en Francia por los mismos delitos que los procesados por esta causa.

El 24 de octubre de 2008, el juez dictó el procesamiento para Juan José Arruti, Alfonso Martínez de Lizarduy, José María Careaga Meavenzorena, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz, Ignacio Moreno y Jesús Marcos Calahorra por los delitos de integración/colaboración con organización terrorista, amenazas terroristas y omisión del deber de denunciar el delito en la forma.

Este grupo, que se sentará en el banquillo una vez se fije la vista, está identificado con "concretos actos de extorsión y cobro del denominado impuesto revolucionario llevados a cabo sobre diferentes empresarios en el periodo temporal objeto de investigación".

Mientras que Joseba Elosúa, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Haracorene, Emilio Castillo González de Mendivil, José Carmelo Luquín, Ignacio Aristizábal y Jesús Iruretagoyena de la Fuente fueron procesados por los mismos delitos que los anteriormente descritos.

Este colectivo, además, formaba parte de un "grupo cuyas acciones concretas objeto de imputación se encuentran relacionadas con la red de extorsión estructurada a partir de 2004 en torno al bar Faisán" de la localidad guipuzcoana de Irún.

Este local, según recoge el auto, era el centro neurálgico donde se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos con los empresarios extorsionados, la negociación posterior, la entrega de los recibos del pago e, incluso, la recepción del dinero y su posterior entrega a los miembros "legales" de GEZI.