Un total de 11.394 empleados públicos solicitaron el anticipo, al mes de enero, de la mitad de la paga extra de verano, después del recorte en los sueldos para este colectivo —una media de un 4 por ciento—.

Así lo ha señalado la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, en respuesta a la diputada socialista Beatriz Sestayo, quien echó en cara a los populares que durante la campaña electoral el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijese que no se le pedirían mayores esfuerzos a los empleados públicos.

La titular de Facenda defendió la actuación de la Xunta y ha reconocido el "esfuerzo". "Evidentemente que lo reconocemos", ha señalado Muñoz, quien ha aclarado que lo que se dijo era que no se pedirían "esfuerzos adicionales".

"No les pedimos esfuerzos adicionales, les pedimos menos esfuerzos que en 2012", ha argumentado la responsable de los funcionarios públicos, en la línea de defender que los empleados públicos "no harán un mayor esfuerzo" que en 2012, cuando se les retrotrajo una paga extra al completo por parte del Gobierno central.

Por otro lado, la conselleira de Facenda ha destacado la "apuesta por la estabilidad del empleo público", al respecto de lo que ha puesto como ejemplo el concurso de traslados en los que se ofertarán 1.085 plazas para la provisión de puestos de trabajo vacantes.

Críticas del psdeg

Asimismo, defendió que en la Consellería de Traballo "no habrá despidos", porque se "crearán las mismas plazas" que se amortizan, pero la diputada socialista Beatriz Sestayo ya había interpretado que cuando la Xunta dice "optimización", lo que significa es que "se echa a la gente".

La diputada del PSdeG criticó los "incumplimientos" electorales del PP. "Feijóo dijo no nuevos sacrificios, no nuevos recortes retributivos ni en derechos, no amortización en empleo público", ha enumerado Sestayo, para advertir que, sin embargo, "hay un ERE" y hay "recortes".

Reforma ley de bases

Por otro lado, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remarcado que lo "inteligente" no es pedir la retirada de la reforma de la ley de bases local, porque ya lleva una veintena de modificaciones puntuales y es preciso una nueva normativa que, por ejemplo, "delimite" las competencias y clarifique los salarios y las dedicaciones exclusivas en los ayuntamientos.

Con todo, y en respuesta al diputado de AGE Xabier Ron, Rueda ha reivindicado que la Xunta ya anunció que presentará alegaciones a esta normativa, en las que está trabajando la Administración autonómica, y que van en la línea de las mencionadas cuestiones y en la idea de preservar las peculiaridades de Galicia.

Sin embargo, Xabier Ron ha pedido la retirada de este proyecto de ley que "invade la autonomía local" y refuerza las diputaciones, porque la considera falta de "calidad democrática, modifica las competencias locales, es privatizadora y no afronta las carencias del municipalismo". En este sentido, espera que todo esto se incluya en las alegaciones.