La senadora del PSOE Elena Diego ha negado ante el Tribunal Supremo haber participado en el proceso de elección y adjudicación de plazas de dos monitoras de tiempo libre contratadas de forma irregular en el Ayuntamiento de Villamayor en 2008, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La parlamentaria ha declarado en calidad de imputada por un delito de prevaricación administrativa ante el instructor Francisco Monterde que se habría cometido cuando, siendo alcaldesa de Villamayor, firmó un decreto para contratar como monitoras de tiempo libre a dos mujeres que no habían superado la correspondiente convocatoria pública de empleo.

Al finalizar su declaración, Elena Diego ha confiado en el archivo del procedimiento y ha expresado ante los medios de comunicación su "tranquilidad" por poder dar explicaciones ante el Tribunal Supremo después de tres años, en los que ha manifestado haber sufrido "una persecución clara" contra su persona.

Según ha recordado, el presidente de la Plataforma Defensa de Villamayor, Luis Holgado, ejerce la acusación popular y ahora es teniente de alcalde del municipio en alianza con el PP. La acción popular ha pagado la fianza de 3.000 euros fijada por el alto tribunal poco antes de su declaración.

Según informaron fuentes jurídicas, la senadora ha manifestado que en ningún momento intervino en el procedimiento de tramitación de los contratos. El interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y fue cuando firmó el informe de reparación, por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.

La segunda monitora obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Ambas no tenían ningún vínculo personal o político con el Ayuntamiento, según su versión.

Desde el pasado 27 de diciembre, Elena Diego ocupa el puesto de delegada Federal para la dinamización de las Organizaciones Sectoriales del PSOE, a propuesta del secretario de Organización, Óscar López.

En un auto hecho público el pasado 15 de febrero la Sala de lo Penal del alto tribunal declaró su competencia respecto a Diego, dada su condición de aforada. El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y la edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.

En la documentación obrante en el caso consta que tras la convocatoria de la oferta pública de empleo el tribunal calificador instó a contratar a nueve personas conforme a la baremación de sus méritos. Pese a ello, la concejal Cándida Egido elevó una propuesta que incluía a dos mujeres que no se encontraban en la lista, una de las cuales ni siquiera se había presentado al concurso.