El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha tachado como "absolutamente insuficiente" la reforma de la Ley de Tasas Judiciales anunciada por el Gobierno de la Nación y ha avisado de que, pese a esta rectificación, "todos y cada uno de los motivos" que han llevado a la Junta de Andalucía a interponer un recurso de inconstitucionalidad "se mantienen vigentes".

Así lo ha dicho el consejero durante su intervención ante el pleno de Andalucía, donde ha insistido en que este anuncio del Gobierno ha sido "otra reforma de urgencia y sin contar con nadie" y que se ha hecho, según ha recalcado, "justo un día después" de que se cumplieran los tres meses de plazo que existían para presentar recursos al texto normativo.

"¿Es que no ha tenido tiempo el ministro para escuchar otras opiniones durante el debate parlamentario, como la de la Defensora del Pueblo, que parece ser quien ha hecho recapacitar al Gobierno?", se ha preguntado no sin añadir que cree que Soledad Becerril "ha sido utilizada" por el PP como "excusa para dar marcha atrás".

Por todo ello, el consejero ha sostenido que la ley que regula estas tasas sigue siendo "inconstitucional" porque los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de esta norma estatal "vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la Administración de Justicia, hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de la ciudadanía y para las pequeñas y medianas empresas".

De Llera también ha defendido el recurso de inconstitucionalidad de la Junta como una forma de "sumarse a la voz unánime de rechazo a una norma que provoca desigualdades y genera un fuerte mecanismo disuasorio para muchos ciudadanos". "Pocas veces una Ley como ésta ha concitado tanta unanimidad en todos los sectores, salvo en el PP, tanto por injusta como por inconstitucional", ha añadido.

En esta línea, ha defendido que el Consejo de Gobierno de la Junta está legitimado para presentar este recurso contra la Ley 10/2012 porque se apoya en los argumentos jurídicos aportados tanto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) como por informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado en relación con la norma recurrida.

En líneas generales, el consejero ha expuesto la nueva ley extiende el pago de la tasa a todos los órdenes jurisdiccionales salvo el penal y el militar; aumenta las cuantías o establece otras nuevas en elevadas proporciones, y elimina en su artículo 3 las exenciones anteriormente fijadas para todas las personas físicas y para las entidades que no presentaban un elevado volumen de facturación. En su opinión, estas medidas "obstaculizan" el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos a un amplio segmento de la población con rentas medias, "ahora excluida de los supuestos de exención al igual que las pequeñas y medianas empresas".

Igualmente, el consejero ha rechazado el argumento esgrimido por el Ministerio de Justicia de que la ley de tasas vaya a "aliviar la carga de trabajo de los órganos judiciales" porque, tal y como ha advertido, esta ley "no va a arreglar en absoluto ninguno de los problemas estructurales" que afectan a la Administración de Justicia, ya que la rebaja del volumen de litigiosidad "no puede hacerse a costa de excluir de este servicio público a una parte importante de la ciudadanía". Es más, ha avisado de que puede pasar que "multitud de asuntos civiles que se pasen a lo penal y eso puede contribuir a agravar muy mucho la situación ya penosa de la jurisdicción penal, que ya no puede soportar más esfuerzos".

Entre otros efectos "perniciosos" de esta ley de tasas, el consejero ha citado la "extraordinaria extensión" de la tasa fija a los asuntos sociales, la ampliación de la misma a los sujetos pasivos o el "aumento extraordinario" de las cuotas fijas, a lo que hay que sumar después las variables.

De ahí que haya insistido en que, sin cuestionar la constitucionalidad de las tasas en sí porque estas ya existían antes de la Ley de Tasas, el Gobierno andaluz tiene la "obligación" de recurrir esta ley por los ciudadanos que "no tienen voz" y no pueden hacerlo 'motu propio'.

Un argumento similar ha usado la portavoz de IULV-CA en este debate, Alba Doblas, quien ha saludado y aplaudido el recurso de la Junta porque, según ha explicado, "no hay nada más injusto y nazi que identificar legalidad con justicia y estamos ante una ley que, según Becerril, es legal pero que nosotros decimos que es profundamente injusta".

Doblas, que no ha querido entrar a analizar el texto desde el punto de vista legal sino político, ha calificado la ley de tasas de una norma "política e ideológicamente de derechas" que su formación rechaza por más que el PP intente "justificar lo injustificable". "Nosotros estaremos siempre al lado de la justicia y por la universalidad del acceso a la justicia. Por más legal que sea la interposición de una tasa, estaremos por una justicia equitativa siempre; que por más que vivamos en un sistema capitalista estaremos siempre al lado de la clase trabajadora porque, para lo otro, ya está el PP-A", ha recalcado.

Al igual que Doblas, que ha llegado a agradecer al ministro Gallardón que haya "confirmado lo que los comunistas llevamos años advirtiendo, que la justicia es solo para los ricos", la portavoz del PSOE-A, María Nieves Masegosa, también ha celebrado la interposición de este recurso por considerar, al igual que hace el colesterol malo, el PP-A va a provocar "lenta y discretamente la muerte de la justicia", algo a lo que su grupo se opone.

Masegosa también ha puesto el énfasis en que, pese a las modificaciones anunciadas por el Gobierno, el recurso de inconstitucionalidad "ha de mantenerse porque lo sucedido no es más que una corta rectificación y el reconocimiento de un error como fue el aprobar esa ley en solitario". "Pero a todas luces es insuficiente y ante esta ley solo cabe la derogación", ha añadido.

El pp-A

Le exige menos "cortinas de humo"

Por su parte, el portavoz del PP-A Juan Ramón Ferrera Siles ha defendido la modificación del Gobierno atacando a la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de crear "cortinas de humo" como esta para no hablar de sus proyectos e iniciativas.

En ese sentido, ha reprochado al consejero traiga al Parlamento este debate y "abusando, además de forma partidista, de la vía del recurso de inconstitucionalidad". "A ustedes no les preocupa la sentencia que pueda haber de este recurso, sino el jaleo que se produce con el anuncio del mismo. No les preocupa el funcionamiento de la justicia sino su uso partidista", le ha espetado a De Llera tras recordarle que, en esta nueva legislatura, ya han "presentado más recursos de inconstitucionalidad que proyectos legislativos".

De ahí que haya calificado este debate de una "cortina de humo" para "esconder la pésima gestión de la Administración de la justicia", a la que ha tachado de "precaria, saturada y a años luz de satisfacer las necesidades sociales". Ferrera también ha afeado al consejero que "no haya esperado ni al informe del Consejo Consultivo" para presentar este recurso de inconstitucionalidad.