CHA propone mejorar el parque de vivienda social adquiriendo el Gobierno las protegidas de segunda mano en venta

El grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón defenderá este miércoles una iniciativa en la que pide al Ejecutivo autonómico que opte a la compra de las segundas y posteriores transmisiones de viviendas protegidas de la Comunidad, en los casos legalmente posibles y según permite la ley de medidas urgentes de política de vivienda protegida, para que formen parte del parque de vivienda social y para su posterior adjudicación a las personas que cumplan los requisitos.

El grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón defenderá este miércoles una iniciativa en la que pide al Ejecutivo autonómico que opte a la compra de las segundas y posteriores transmisiones de viviendas protegidas de la Comunidad, en los casos legalmente posibles y según permite la ley de medidas urgentes de política de vivienda protegida, para que formen parte del parque de vivienda social y para su posterior adjudicación a las personas que cumplan los requisitos.

El diputado de CHA en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo es "paliar la situación actual", en la que "el derecho constitucional de los ciudadanos a una vivienda digna está cada vez más en entredicho".

Briz se ha referido a los casos de desahucios, en que 2012 en Aragón llegaron casi a los 2.000, superando cifras del año anterior, y "hoy mismo hay dos desahucios en Zaragoza", uno de ellos de "una mujer con sus hijas que tiene que abandonar su domicilio y tiene una deuda que las entidades no perdonan".

El diputado ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Aragón "nos da competencias exclusivas en gestión y planificación" de la vivienda y por eso el Ejecutivo debe utilizar la vivienda pública o protegida para permitir a las familias aragonesas una vivienda digna, ha argumentado.

En este sentido, ha apuntado que la ley contempla la preferencia del Gobierno a adquirir una vivienda pública cuando su propietario la saque a la venta y ha abogado por acudir a esta vía para, así, incorporar estos inmuebles "al parque de vivienda social" y "poder dar salida a las familias con dificultades".

Según ha datos facilitados por el Ejecutivo a solicitud de CHA, en los años 2011 y 2012 el Gobierno aragonés "no ha adquirido ninguna vivienda" mediante esta figura, mientras que en 2010 compró cuatro y en 2009, cinco. Al respecto, ha mostrado su "extrañeza" de que parezca que cuando llega el nuevo Gobierno "se paralizan" las compras.

Plan social de la vivienda

Briz ha señalado que si el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de Aragón "tiene un plan social de la vivienda dotado con 40 millones de euros, con el pretende dar solución y respuesta a estos dramas sociales", la propuesta de CHA "puede ser interesante" porque, además, "no habría que cambiar ninguna normativa" ya que es una posibilidad legal actual.

Por eso, ha solicitado que se "aplique" y se "utilice el dinero para estos fines", comprando el Ejecutivo vivienda protegida "a precio tasado y no por precios abusivos", una "propuesta más", "complementaria" con otras medidas posibles, para que las personas puedan "vivir con un mínimo de dignidad".

Briz ha esgrimido que "la ciudadanía quiere soluciones" y "si esto no lo apoyamos, a qué nos estamos dedicando", para añadir que, "hasta la fecha", el plan social de la vivienda del Gobierno de Aragón ha tenido "pocas medidas concretas" y ha sido más "una propaganda y puesta en escena, pero sin efectividad".

Igualmente, ha abogado por potenciar el alquiler porque ha sido un "error" que "todo el mundo haya querido ser propietario" y también ha pedido un alquiler social y ayudas al mismo para las personas que se encuentran en situación de desahucio. El diputado ha comentado que las viviendas públicas que adquiera el Ejecutivo también pueden servir para esto.

En esta línea, ha considerado deseable que todos los bancos intervenidos y que poseen viviendas las ponga al servicio de la Administración para el alquiler social, algo que, no obstante, ha dicho que solo serviría para atender el 33 por ciento de los casos de desahucio que hay en España.

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