El diputado del Grupo Regionalista Javier López Marcano ha registrado este martes una serie de preguntas para que el Gobierno de Cantabria informe por escrito del número de trabajadores públicos despedidos desde julio de 2011 y de la cuantía de las indemnizaciones pagadas por este concepto.

López Marcano ha formulado estas preguntas ante la "falta de respuesta" del Ejecutivo a otro requerimiento de información en esta materia, realizado hace exactamente un año, según informa el PRC en un comunicado.

"El Gobierno no quiere responder de sus despidos ni ante el Parlamento, ni ante la ciudadanía, lo cual nos induce a pensar que tiene algo que ocultar y no estamos dispuestos a consentirlo", ha asegurado Marcano.

El parlamentario regionalista ha reivindicado el derecho de los cántabros a saber "el número exacto de trabajadores públicos que han perdido su empleo por una decisión política del Partido Popular y el coste económico de tal decisión".

Además, ha mostrado su temor a que ambas cifras sean "muy superiores" a las barajadas públicamente hasta el momento, dado el "empecinamiento" del Ejecutivo a la hora de "ocultar" esa información.

En este sentido, ha considerado "llamativa" la "negativa reiterada" a dar a conocer el número total de personas despedidas y a cuantificar el coste de las indemnizaciones, que según los cálculos que ha podido realizar el Grupo Regionalista, fundamentalmente en base a las sentencias por despidos nulos e improcedentes conocidas a través de los propios afectados y de los medios de comunicación, supera "ampliamente" los 3 millones de euros.

El diputado del PRC ha explicado que esa cantidad es sólo "la punta visible del iceberg", porque no incluye el coste de los despidos que no han sido objeto de demanda en los tribunales de justicia, e incluso "puede haber sentencias que no han sido dadas a conocer", ya que toda la información en este sentido ha sido difundida bien por los juzgados, bien por los partidos de la oposición, "en ningún caso por el Gobierno".

"A pesar de sus proclamas ante la opinión pública, el presidente Ignacio Diego no ha dudado en actuar en este caso en contra de todos los principios de transparencia y de su deber de facilitar al Parlamento la información que le requieren los diputados para realizar su labor", ha concluido López Marcano.