El delegado del Gobierno central en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha afirmado que las palabras del presidente de Sortu, Asier Harraiz, sobre que ETA es "consecuencia de un conflicto político" y que su violencia es "consecuencia del mismo", son "del tipo de las que expresamente, según el Constitucional, pueden conducir a la ilegalización de una formación política".

En un post publicado en su blog, se ha referido a la presentación de la nueva dirección de Sortu que, a su juicio, es "tanto como decir la vieja guardia de Batasuna ya que si no son todos los que están, desde luego están todos los que fueron - Etxeberria, Barrena, Petrikorena, Álvarez".

Urquijo ha indicado que los letrados de Sortu supieron aprovechar los "vericuetos" de la Ley presentando unos Estatutos "'limpios'" que el Constitucional consideró suficientes para permitir su inscripción en el registro de partidos políticos en contra de la decisión adoptada inicialmente por el Supremo en Marzo de 2011.

El delegado del Gobierno cree que ahora "nos corresponde velar" porque su actividad "no aparente ser democrática sino que lo sea de verdad", ya que el Tribunal Constitucional estableció unos límites en el desempeño de su actividad que, de ser rebasados, incurrirían en el supuesto previsto en el artículo 12 de la Ley de partidos.

Urquijo ha destacado que es una ley que no permite la sucesión "fraudulenta" de un partido disuelto y que encarga a la Sala sentenciadora velar por evitar que esto ocurra y a las partes, al Ministerio Fiscal y al Ministerio del Interior "instar el pronunciamiento de aquella si así se estimara que ha sucedido".

El delegado del Gobierno cree que todo el mundo tiene "la certeza moral" de que Sortu y Batasuna "son la misma cosa", pero ha afirmado que la "certeza moral no es elemento suficiente ante un Tribunal de Justicia".

Urquijo ha manifestado que un tribunal necesita "pruebas" y, por eso, el Gobierno ha dicho que "velará porque Sortu no traspase los límites establecidos por el Constitucional al estimar su derecho a ser inscrito en el registro de partidos".

"Algunos de estos límites son la equiparación entre la violencia terrorista y la coacción legítima reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco es de recibo comparar el sufrimiento de las víctimas del terrorismo con el "'efecto aflictivo'" asociado al cumplimiento de una pena por un terrorista. Lo mismo puede decirse en relación con el ensalzamiento de los terroristas o de sus acciones", ha apuntado.

Urquijo ha indicado que son tres "ejemplos" que obligan "a permanecer vigilantes, de manera singular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para evitar que Sortu se burle de la Justicia y de las víctimas del terrorismo".

En su opinión, declaraciones como las efectuadas este lunes por el presidente de ese partido, Hasier Arraiz, en las que afirma que "ETA es consecuencia de un conflicto político y que su violencia es consecuencia del mismo, son del tipo de las que expresamente según el Constitucional pueden conducir a la ilegalización de una formación política".

Urquijo ha querido trasladar "un mensaje de confianza" y de cariño a las víctimas del terrorismo y ha hecho referencia a un artículo de la viuda de un comandante asesinato por ETA Ana Velasco Vidal-Abarca en la que ella lamenta que se haya renunciado a la derrota del terrorismo.

"En ocasiones puede confundirse la inteligencia con tibieza. Con los precedentes sobre los que trabajamos y que he citado, precipitarnos y errar sería dramático. Para que la derrota sea definitiva debemos cargarnos de razones ya que en un Estado de Derecho la ilegalización de un partido no le corresponde al Gobierno sino a los Tribunales de Justicia y nuestra obligación pasa por actuar con la cabeza y no con el corazón, aunque comprendo que en ocasiones cueste hacerlo cuando contemplamos la burla de manera tan directa", ha afirmado.

Urquijo ha señalado que el actual Gobierno de España "jamás ha pactado ni pactará nada con ETA". "Lo saben y eso les debilita más cada día", ha añadido.

El delegado del Gobierno ha indicado que trabajan que se respete la Ley y para conseguir "la disolución incondicional de la banda terrorista y de su proyecto totalitario". Ello implica, según ha apuntado, trabajar con la Policía y con la Guardia Civil deteniendo terroristas y "supone también acumular indicios que pudieran servir para dejar fuera del juego democrático a quienes se han disfrazado de demócratas pero no lo son".

Por todo ello, ha afirmado que coincide con las víctimas en que no cabe otra opción que "la derrota incondicional del terrorismo y por eso pueden confiar en un Gobierno y en un partido que se han fijado como objetivo conseguirlo con los únicos, pero suficientes, instrumentos del Estado de Derecho".