El sindicato ELA ha rechazado el anteproyecto de Ley sobre el redimensionamiento de la administración local porque "traerá más destrucción de empleo público y reducirá la calidad de los servicios", y ha exigido a los Gobiernos vasco y navarro que "tomen medidas" para no aplicarlo.

El anteproyecto de Ley, que todavía tiene que pasar varios trámites y que se tendrá que debatir y aprobar o rechazar en las Cortes, busca ahorrar 7.129 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014 en la administración local, según ha explicado la central en un comunicado.

Para ello, se limitarán los salarios de los alcaldes y el número de concejales que pueden estar a cargo de los ayuntamientos, que dependerá de la población del municipio. Sin embargo, ELA ha considerado que con estas medidas "difícilmente se llegará al ahorro pretendido".

A juicio del sindicato, la Ley determinará cuáles son las competencias de cada administración y "ordenará" las mismas para que cada competencia sea de una administración y no haya duplicidades. "Es decir, varios de los servicios que hoy ofrecen los Ayuntamientos y Diputaciones los ofrecerán otras administraciones y algunos, incluso desaparecerán", han asegurado.

ELA ha denunciado que esto puede traducirse en "despidos colectivos o despidos por causas objetivas" y en "medidas de movilidad geográfica y funcional" para el personal a cargo de los Ayuntamientos.

Asimismo, critican que las Mancomunidades "estarán sujetas al riguroso control de los presupuestos y cumplimiento del déficit", a lo que hay que añadir la regulación de las competencias "que quieren llevar a cabo" y que "podemos decir que corren serio peligro", con los trabajadores como "primeros afectados".

"mayor control" estatal

ELA también ha denunciado que la Ley pretende "aumentar el control" del Gobierno estatal sobre los Ayuntamientos, "ahondando en la centralización, dando más poder a los interventores, que serán de habilitación nacional que dependerán funcionalmente del Estado y habilitando al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control".

Por todo ello, la organización sindical muestra su rechazo firme a esta medida ya que "destruirá la calidad de los servicios públicos" que se ofrecen desde los Ayuntamientos y las Diputaciones forales y "traerá consigo la destrucción de mucho empleo público", en un momento donde las instituciones públicas "tienen que ser vanguardia y poner en marcha políticas para crear empleo".