La Diputación Provincial de Cáceres deberá abonar un total de 91.120,17 euros (6.187,10 de intereses legales) a 17 trabajadores con cargos de confianza en la anterior legislatura tras haber perdido el contencioso administrativo interpuesto por estos funcionarios con fecha comprendida entre enero y febrero de 2012.

El pleito interpuesto por estos trabajadores de la institución tenía como pretensión cobrar las retribuciones correspondientes a los nueve meses posteriores al cese de la legislatura anterior y una vez constituida la nueva Corporación Provincial, así como conservar su puesto de libre designación, al acogerse a la antigua normativa autonómica que contemplaba adquirir un puesto equivalente o análogo con las mismas retribuciones a su puesto de libre designación.

Esta sentencia, que fue fallada a favor de los citados funcionarios en primera instancia, fue recurrida por la Diputación Provincial, de cuyo recurso de apelación se desprende que "por Decreto-Ley 1-2012, de 25 de junio, se han suprimido los efectos económicos y administrativos que se pretendían por el recurrente, y que la normativa aplicable no es la autonómica, sino la estatal".

Esta normativa estatal viene a determinar que estos trabajadores tenían que adscribirse a un puesto designado por concurso en la categoría correspondiente, pero sin ser equivalente al puesto de libre designación.

A pesar de esta argumentación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictaminado en contra de la institución cacereña al determinar que la normativa aplicable "es la autonómica", por lo que la diputación deberá abonar la totalidad de 91.120 euros a estos 17 trabajadores que, no obstante, no conservarán sus puestos de trabajo de libre designación, según determina la actual legislación autonómica.

Y es que, la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que la institución provincial deberá abonar esos nueve meses de carencia, si bien estos trabajadores no volverán a los cargos que ocupaban cuando regía el gobierno socialista en la institución, sino a sus puestos de origen con los que ingresaron en la diputación. Esta cuantía a abonar no podrá demorarse, ya que los intereses irán aumentando hasta su completo pago.