Los representantes sindicales del personal laboral a cargo de la Administración Central han presentado un conflicto colectivo contra el Ministerio de Hacienda, a raíz de la supresión de la paga extra correspondiente a diciembre de 2012. Este grupo de empleados públicos era el último que faltaba por demandar al Gobierno tras su decisión de restar una de las pagas extra el pasado año.

El conflicto colectivo, tal como cuenta el propio Ministerio de Empleo, se presenta cuando se manifiesta "la discrepancia entre empresarios y trabajadores, y que afecta a los intereses generales de estos últimos". Es, según fuentes del sindicato de funcionarios Csif (uno de los tres que presentó la demanda, junto a UGT y CC OO) el paso previo a presentar una demanda judicial en la Audiencia Nacional.

Y es que el personal funcionario ha recurrido esta medida acudiendo a su vía ordinaria (el contencioso-administrativo), "aunque en el caso del personal laboral (arquitectos, ingenieros, mantenimiento...) la vía ordinaria es la Audiencia Nacional", explica Juanjo San Miguel, portavoz de Csif. La supresión de la paga extra aprobada por el ministro Cristóbal Montoro ha afectado a unos 50.000 empleados en situación de personal laboral, según fuentes sindicales.

Hace apenas un mes, la sala de lo social de la Audiencia Nacional ya manifestó sus dudas acerca de la constitucionalidad de la eliminación de una de las pagas extra de los trabajadores públicos. En ese caso, planteado por los trabajadores de la Compañía Española de Tabaco (Cetarsa), el juez vio una posible ilegalidad en el hecho de que se aplique una supresión de salario con efectos retroactivos, por lo que requirió a la Fiscalía para que determinara si procedía o no plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

La supresión de la paga extra de navidad para todos los empleados públicos, anunciada en julio de 2012, formó parte de un paquete de medidas de recorte que se sumaron a la reducción de liberados sindicales y días de libre disposición. El ajuste, según dijo en su momento el propio Rajoy, será restituido en 2015.