Las obras de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes, en Altea, es otro de los proyectos llevados al juez, porque sepultaría parte de la posidonia oceánica. O el Plan Rabassa, en Alicante (sin garantía de abastecimiento hídrico, entre otras deficiencias).

En el caso de Parcent, el Tribunal Superior (TSJ) ya ha ordenado la paralización cautelar de 1.500 casas al entender que no propician el «desarrollo sostenible».

Por otra parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, asegura que el Consell ha ordenado a Territorio y Vivienda que no apruebe ningún plan urbanístico más, al menos, hasta que se celebren las elecciones municipales de mayo.

Por su parte, el socialista Eugenio Burriel ha declarado que el conseller de Territorio, González Pons, «ha sido puesto para maquillar el desastre» urbanístico. Añade que antes el Consell permitía «todo» y ahora, «nada».

Riba-roja y Cullera, en la picota

El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y otros dos ediles del PP declararán como imputados por el caso de la futura ciudad deportiva del Valencia CF. Mientras, vecinos de Cullera han exigido al TSJ paralizar 15.000 casas y cinco campos de golf.