El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha confirmado este lunes que un análisis efectuado a una muestra de canelones preparados en Madrid ha dado como resultado que contiene trazas de carne equina a pesar de estar etiquetado el alimento como carne de vacuno.

A su llegada a una reunión de ministros europeos del ramo, Arias Cañete ha indicado que los resultados se refieren a "canelones con un relleno de carne en la península Ibérica. La muestra la hemos tomado en Madrid".

"Hemos informado ya a las comunidades autónomas, a las autoridades de consumo y a las empresas afectadas", ha añadido. Fuentes del Ministerio precisaron que el positivo detectado corresponde a la marca 'La Cocinera', propiedad de la multinacional suiza Nestlé.

Arias Cañete ha señalado que España viene realizando "análisis en los puntos de consumo y, una de las muestras, ha dado resultados positivos con restos de ADN de carne de caballo".

Ha subrayado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente viene realizando test para esclarecer el alcance del fraude detectado en alimentos procesados etiquetados como ternera y que contienen carne equina, anticipándose al programa acordado por la Unión Europea (UE) el pasado 15 de febrero para reforzar temporalmente los controles sobre los productos cárnicos.

"La Comisión (Europea) creemos que está haciendo las cosas razonablemente bien. Ha puesto en marcha unos programas de controles que ha distribuido entre los Estados miembros", ha dicho.

"En España estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad y Consumo, con las comunidades autónomas, para articular el procedimiento de toma de muestras haciendo un reparto de la carga de trabajo para que sea lo mas eficaz posible", ha explicado.

El pasado día 21, la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana confirmó que dos empresas radicadas en la provincia de Alicante distribuían hamburguesas de vacuno congeladas preparadas para tiendas y establecimientos hosteleros, en cuya composición se detectó carne de caballo, ante lo cual se les ordenó inmovilizar las existencias y recuperar las ya enviadas.

El mismo día, la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias anunció la inmovilización de 1.089 kilogramos de hamburguesas congeladas preparadas para su distribución en establecimientos hosteleros del archipiélago, tras haberse detectado en su composición carne equina.

En opinión del ministro español, no será necesario modificar las normas de etiquetado en este momento, aunque lo que hará falta es "hacerlas cumplir".

"Cuando se produce un fraude no hay que cambiar la norma; lo que hay que hacer es sancionar a todos aquellos que han actuado", ha opinado. Para Arias Cañete, se ha demostrado que el sistema comunitario permite seguir la trazabilidad e identificar a los proveedores de los productos.

"Ahora tiene que caer todo el peso de la norma, de la ley, sobre aquellos que hayan infringido los procedimientos", ha subrayado. "No creo que se deba aprovechar la ocasión para hacer cambios de normas, cuando realmente la normativa comunitaria permite seguir la trazabilidad perfectamente y garantiza que los consumidores estén protegidos", ha insistido.

La crisis de la carne de caballo afecta ya a una docena de países de Europa. En la República Checa, las autoridades han detectado trazas de carne de caballo en las albóndigas que vende Ikea en sus restaurantes. Las albóndigas procedían de una fábrica en Suecia. Fuentes de Ikea en España consultadas por 20minutos.es han asegurado desconocer si las albóndigas que se venden aquí proceden de la misma planta que las analizadas en República Checa.

La última crisis en el mercado alimentario por el fraude de las hamburguesas, lasañas y otros preparados a base de carne de caballo pero etiquetados como vacuno para su comercialización también estará este lunes en el orden del día de los ministros de agricultura que se reúnen este lunes.

Los Veintisiete repasarán las últimas noticias del caso, aunque no se esperan decisiones, puesto que los países ya pactaron días atrás realizar pruebas de ADN en todos los Estados miembros y también rastrear la presencia de un analgésico de uso animal llamado fenilbutazona.

En total, los gobiernos europeos se han comprometido a realizar en total 2.250 test de ADN y a tomar una muestra por cada 50 toneladas para rastrear el analgésico. Bruselas se ha comprometido a financiar el 75% de cada análisis, que tienen un precio de 400 euros cada uno, y España deberá cumplir con 150 exámenes de ADN.

Los primeros resultados oficiales deberán ser publicados el próximo 15 de abril, por lo que se comenzarán los análisis el 1 de marzo, a lo largo de un mes, con una posible prórroga de dos meses.