La Comunidad de Madrid registró hasta el pasado 15 de febrero un total de 632 manifestaciones o concentraciones, una cifra que supone el doble de las registradas en las mismas fechas del pasado año 2012, que ya se cerró con una cifra récord de 3.419 protestas.

Así lo explicado en una entrevista la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que ha reconocido que el arranque del año ha sido "fuerte" y el cómputo hasta el pasado 15 de febrero es "exactamente el doble" que el año pasado, que tuvo "mucha conflictividad en la calle".

Cifuentes ha considerado que el alto número de manifestaciones se debe a una situación económica "muy difícil y complicada", y al "cabreo ciudadano" por los casos de corrupción política, que hacen que muchas personas tengan la "necesidad, el deseo o simplemente la voluntad" de querer salir a protestar a la calle.

La delegada del Gobierno ha remarcado que el derecho de manifestación está constitucionalmente protegido y que no lo cuestiona, pero ha incidido en que un número tan elevado en ocasiones "complica" la vida ciudadana.

Ha insistido en que su tarea es "hacer compatible" el derecho de manifestación con el de mantener una ciudad donde se pueda circular y habitar.

En concreto, ha apuntado que en la zona del centro de Madrid, donde se concentran la mayoría de la protestas, la regulación del ejercicio del derecho a manifestación es una "reclamación" constante de los vecinos y los comerciantes, que están "desesperados" porque "cada vez que hay una manifestación tienen que cerrar".

Cifuentes también ha apuntado que la "alta" cifra de manifestaciones desmiente las críticas de los colectivos que aseguran que la Delegación "prohíbe", "reprime" o "criminaliza" las protestas.

Igualmente, ha destacado que en el pasado 2012 la "inmensa mayoría" de las manifestaciones fueron "pacíficas" mientras que los casos de las que fueron violentas o que terminaron con participación policial no han llegado a la veintena.

La delegada ha augurado que el número de protestas decrecerá en la medida en que los políticos sean "capaces" de "reconciliarse con la ciudadanía y la situación económica mejore, momento en que la conflictividad irá descendiendo, aunque ha indicado que no sabe cuándo tendrá lugar esta mejora.

Por último, ha explicado que la regulación, a través de una ley, del ejercicio del derecho de manifestación, aunque no es una "prioridad" del Gobierno, es un deber que está "en el horizonte, a medio y largo plazo".

A este respecto, Cifuentes ha recordado que la Constitución marca que el ejercicio del derecho de huelga debe ser regulado por ley y que actualmente este tiene una regulación "de facto", a través de un real decreto y una sentencia del Constitucional que hace referencia a ese real decreto.