La última jornada del evento 'Factor Universitario: la Educación Pública a debate', organizado por la Universidad de Sevilla (US), ha tenido como principales hitos la conferencia de clausura de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero de Estado y uno de los padres de la Constitución, en la que ha repasado los derechos fundamentales de la ciudadanía y ha asegurado que éstos garantizan una educación pública "de calidad", y la lectura de las conclusiones finales elaboradas por el comité asesor.

Asimismo, la directora del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) ha despedido 'Factor Universitario' indicando que éste no se clausura, sino que "se declara abierto el debate, ya que seguimos en la lucha por defender una educación pública y de calidad; es el turno de la sociedad para defender lo que es de todos".

Con este motivo se mantendrán abiertos los distintos perfiles en las redes sociales, desde los que se invitará a continuar con la reflexión y la actitud crítica y se informará a los usuarios sobre la actualidad educativa.

Herrero y Rodríguez de Miñón ha explicado que en el espacio público que genera el Estado democrático aparecen diferentes valores públicos llamados a consensuar, y en el mercado, intereses privados necesitados de compensarse. En la práctica el espacio público y el mercado "se entremezclan, pero conceptualmente deben distinguirse: quizá no podamos ser opulentos, pero debemos tener un estado social lo suficientemente solidario para que sea justo".

Durante su ponencia, en la que ha usado citas de varios escritores, ha denunciado que pese a que "todos tienen los mismos derechos, no todos tienen derecho a lo mismo". Estos derechos, que recoge la Constitución Española, aseguran "la creación de centros educativos, lo que también repercute a las universidades".

"urge restaurar lo público"

El jurista ha culpado a los mercados de la situación económica actual, cuya víctima, entiende, es el Estado Social, lo que tiene como consecuencia la reducción de los servicios públicos. "Urge, por tanto, restaurar lo público y la comunión que a lo público subyace en la conciencia de los ciudadanos, y en las instituciones y lo público tiene dos caracteres que, frecuentemente, no son fáciles de asumir y que aquí no cabe más que enunciar: lo público, al buscar un interés superior y cristalizar en instituciones es, por definición, jerárquico, y ello supone un valladar a la pasión igualitaria propia de nuestro tiempo. Pero, a la vez, lo público exige participación, al menos en la orientación del poder, y a ello se opone la permanente tendencia a patrimonializarlo, esto es, a privatizarlo, por parte del poderoso".

Con respecto a la investigación científica, ha manifestado que "la tarea es ingente, urgente y costosa y los recursos siempre escasos". "Sin duda —ha proseguido—, el sector privado es capaz de hacer una aportación capital a tan importante tarea, y la universidad hará bien en abrirse a este tipo de cooperación, eliminando cuantas barreras superfluas sea necesario para ello, pero es claro que no es el mercado el que debe determinar la orientación de la investigación científica, sino los criterios decantados por una comunidad académica de la que la universidad es la sede natural y que ha de ser autónoma".

Por último, ha manifestado que "la universidad pública es un servicio público administrativo y ello tiene importantes consecuencias", añadiendo que las tasas universitarias "no tienen por qué cubrir los costes totales de la enseñanza, sino que deben ser precios políticos que han de modularse en función de las rentas del estudiante y de su familia, de la presión fiscal que soporten y, sin duda, del rendimiento académico del mismo".

El sistema "no puede estar sujeto a continuos cambios"

Con posterioridad, se han elevado las conclusiones del evento, leídas por el profesor Juan José Iglesias, que ha destacado la "satisfacción" por "el alto grado de interés y de repercusión pública de estas jornadas, por el elevado nivel de las intervenciones de los ponentes y de los debates desarrollados y por el masivo seguimiento que han tenido, tanto en forma presencial como a través de las redes sociales, la televisión universitaria y los medios públicos de comunicación".

"España y Europa serán en gran medida lo que sean sus universidades, pero éstas, como servicio público que son, no pueden limitarse a dar respuesta a las demandas del mercado, sino que deben atender sobre todo a las necesidades y las demandas sociales", ha subrayado Iglesias, incidiendo en la necesidad de "defender con convicción el valor de lo público y, como parte esencial de su contenido, el valor social de la educación pública".

También se ha aludido a la consciencia de la necesidad de que la universidad mejore "permanentemente" y de la "responsabilidad" que en este sentido cabe a los universitarios, en particular, y a la sociedad en su conjunto. "Pero el sistema universitario no puede estar sujeto a continuos cambios legales, necesita un marco de estabilidad normativa y de confianza que permita su correcto desarrollo, en un contexto de creciente exigencia de calidad, y el adecuado cumplimiento de sus importantes funciones", ha continuado Iglesias.

Para la universidad, su sistema es "eficaz" y "eficiente", con un progreso experimentado en las últimas décadas "altamente positivo". Para mejorar, "es necesario el esfuerzo de los universitarios, pero también que se invierta más en educación superior e investigación y poner a la universidad entre las prioridades políticas reales de este país".

En las conclusiones se integra la idea de la autonomía universitaria como "un derecho constitucional y una garantía social que hay que preservar"; su ejercicio responsable "conlleva, como no puede ser de otra manera, la imprescindible transparencia y rendición de cuentas de la universidad a la sociedad que la sostiene".