La diputada de menor edad dentro de la Diputación de Valladolid, la socialista María Blanco, ha calificado este viernes de "sumisas" a las mujeres que forman parte del Partido Popular durante el debate de una "proposición por los derechos de las mujeres", que finalmente ha sido rechazada por 17 votos en contra del PP, frente a los diez a favor de PSOE e Izquierda Unida.

María Blanco ha expuesto la citada proposición tras recordar que el próximo 8 de marzo se celebra "una fecha muy importante", el Día Internacional de las Mujeres.

En este contexto, la diputada socialista ha abordado siete peticiones: derogar la Reforma Laboral; desarrollar un Plan de Empleo para mujeres que incluya políticas activas específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad; mantener los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia; promocionar políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar de hombres y féminas; sostener el mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo; impulsar servicios de prevención de la violencia de género, y derogar la Ley de tasas judiciales.

"El 8 de marzo es una fecha a tener en cuenta, pero las mujeres, lamentablemente, cada día tenemos menos que celebrar porque en los dos últimos años hemos sufrido retrocesos en materia de igualdad", ha criticado Blanco tras apuntar al Partido Popular como "responsable de cuestionar el derecho de las madres a decidir cuándo y cómo serlo".

"Mención aparte merece el tema de la reforma laboral, que incrementa la brecha salarial. Y es que si seguimos por este camino se nos relegará nuevamente a la realización de tareas domésticas", ha matizado la diputada, que ha ilustrado sus argumentos de manera gráfica al mirar su reloj y comentar que "a estas horas, pasado el mediodía, algunos pensarán que nosotras deberíamos estar guisando".

A esta intervención ha respondido como portavoz del Partido Popular Virginia Andrés, quien ha opinado que el Gobierno de España "sí apuesta por el empleo y las políticas de igualdad en la empresa, con medidas que facilitan la conciliación laboral y familiar".

"La única manera de aumentar la calidad de vida de las mujeres es continuar por la senda de reformas que ha puesto en marcha el Gobierno. Son medidas duras, pero también resultan necesarias para salir de la crisis a la que nos condujo el anterior Gobierno", ha concretado Andrés.

María Blanco, sin embargo, ha insistido en calificar de "sexista" el discurso 'popular', además de hacer otro tipo de declaraciones referidas a las "medidas de despido casi libre que afectarán sobre todo a las embarazadas".

"Está claro que todavía somos usadas como mercancías de trueque, es más, parece que ustedes quieren que volvamos a los años 60, a esa España de la doble moral en la que las chicas tenían que viajar al extranjero para abortar", ha continuado la socialista sobre la interrupción voluntaria de la gestación.

Finalmente, Blanco ha lamentado la falta de consenso en este ámbito y ha subrayado la "lástima" que le produce "tener que escuchar a mujeres como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, poner a modo de ejemplo femenino a la Cenicienta".

Unanimidad ante el 60%

De proposiciones

A pesar de lo que el propio portavoz del Grupo Provincial Socialista en la Diputación, Juan José Zancada, ha definido como "apasionado debate", la unanimidad se ha alcanzado a la hora de aprobar el 60 por ciento de las propuestas presentadas.

Así, ante una proposición conjunta del portavoz del Grupo Provincial Popular, Jesús García Galván, y el de IU, Salvador Arpa, el PSOE ha estado de acuerdo en respaldar la adhesión de la Diputación al convenio suscrito el pasado 17 de febrero entre el Gobierno de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, el Banco de España y otras instituciones financieras para crear un fondo social de viviendas.

Del mismo modo, la totalidad de los grupos ha aprobado sin fisuras propuestas como la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de cooperación al desarrollo, así como acciones de apoyo a los Grupos de Acción Local de la provincia de Valladolid.

"Se plantean nuevos escenarios y situaciones con la crisis, por eso esta casa quiere reafirmar su compromiso con los emprendedores del mundo rural", ha asegurado el diputado del PP Máximo Gómez, a la hora de subrayar la "necesidad" de mantener los fondos destinados a la inversión pública en los municipios.

"Debemos poner en valor la importancia de mantener dichos Grupos de Acción Local, ya que son verdaderos defensores de intereses colectivos en los núcleos rurales", ha insistido Gómez.

El PSOE, sin embargo, ha optado en el último instante por acompañar la votación con una matización por parte de Emiliana Centeno. "Somos conscientes de que la medida, en cualquier caso, es algo insuficiente", ha afirmado.

"Los grupos de acción local se financian con un cinco por ciento de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria que llegan a la Comunidad, a pesar de que son el cuarto pilar de la PAC y por tanto un soporte importante para el desarrollo del medio rural. Por eso nosotros pensamos que la Diputación de Valladolid debería ponerse en línea y sintonía con las de otras provincias para incrementar durante el año este tipo de ayudas y responder a una necesidad que es seria, real y urgente", ha concluido Centeno.

Finalmente, la última proposición aprobada ha sido la enunciada por los socialistas para solicitar la ejecución de infraestructuras educativas en Aldeamayor de San Martín y Arroyo de la Encomienda.

Fin de pleno con mociones rechazadas

El Pleno de la Diputación ha concluido a las 14.00 horas con la presentación de dos mociones sobre las que se ha debatido sin conseguir finalmente el consenso.

La primera de estas mociones ha sido presentada por el portavoz del Grupo Provincial de IU, que ha apostado por instar al Gobierno de España a la "retirada inmediata" del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.

"Además, nosotros incluimos un punto para pedir la reprobación del Ministro Montoro", ha concretado Salvador Arpa ante el murmullo del resto de sus compañeros. "Queremos tirarle de las orejas por presentar la nueva Ley como una reducción del número de concejales que reciben una retribución, puesto que apenas se reduce un uno por ciento dicha cifra y sus declaraciones suponen una descalificación tanto de la política como de las personas que trabajan de forma altruista en beneficio de sus vecinos", ha explicado.

La argumentación de Arpa, sin embargo, no ha servido para convencer a los populares, que han rechazado la propuesta por 16 votos en contra frente a los nueve emitidos de forma favorable. "Eficacia, transparencia ahorro y calidad es lo que transmite el anteproyecto del que hablamos", ha respondido desde el PP García Galván para justificar el rechazo.

Por otra parte, Zancada Polo ha pedido en nombre de los socialistas que la Diputación manifestase su rechazo al informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de Ley para la sostenibilidad de la Administración local, además de instar a la Junta de Castilla y León a actuar "de idéntico modo".

En este sentido, desde el PSOE se ha propuesto, sin éxito, solicitar la elaboración de un nuevo informe con el consenso y participación de las entidades locales, "y siempre a través de la Federación Española de Municipios y Provincias".

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