El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha señalado que, con la reforma de la Administración Local, serán las comunidades autónomas las que deberán asumir todos los programas sociales "de carácter estable".

"Esos no son competencia municipal", ha afirmado en una rueda de prensa en Santander De la Serna, al ser cuestionado sobre el estado en que deja la reforma de la Administración local la distribución de tareas entre ayuntamientos y comunidades autónomas en materia de servicios sociales.

Según el también alcalde de Santander, los ayuntamientos se quedarán como "primera puerta de entrada" para el ciudadano a los servicios sociales y se ocuparán de asesorar y dirigirle hacia donde corresponda.

Además, se ocuparán también de lo que tiene que ver a tareas de evaluación y de la atención a la situaciones a personas "en eminente riesgo de exclusión social".

Cuestionado acerca de la posibilidad de que algunos servicios sociales puedan desaparecer, De la Serna ha asegurado que las comunidades autónomas tendrán que prestar obligatoriamente aquellos que marca la Ley, si bien podrán desaparecer aquellos que estén duplicados.

El presidente de la FEMP ha explicado que existe también la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan delegar la prestación de servicios sociales a los ayuntamientos a través de la firma de un convenio de colaboración.

Según ha explicado, y a diferencia de lo —ha dicho— ha ocurrido y sucede ahora, este convenio obliga a las comunidades autónomas a correr con el 100 por 100 de la financiación; a tener una duración de cinco años, y a que el ayuntamiento acepte prestar ese servicio.

"Se acabó eso de legislar e imponer a los ayuntamientos determinadas competencias", ha afirmado De la Serna, quien ha indicado que dicho convenio de colaboración da derecho al municipio a dejar de prestar el servicio en caso de que la comunidad autónoma no lo pague y establece mecanismos para que las entidades locales puedan cobrar.

Según ha apuntado, se podrá retener a la comunidad autónoma algunos ingresos que recibe del Estado y dirigirlos al ayuntamiento al que no se ha pagado por prestar el servicio.

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