El juez titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente Rueda, ha impuesto una fianza de 830.000 euros al exgerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Antonio Navarrete, al que la propia institución provincial imputa la presunta comisión de "delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos", por repercutir directamente en su cuenta particular "un volumen inmenso de transferencias" dirigidas al citado Consorcio de Bomberos, que sumaron un total de 626.540,68 euros.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, la citada fianza que le impone el juez a Navarrete tiene como objetivo, no la opción de que el exgerente pueda eludir su ingreso en prisión preventiva, cuestión que no se plantea a priori en este procedimiento, sino para garantizar que el imputado hará frente a "la responsabilidad civil" que pudiera tener que afrontar.

En el correspondiente auto judicial y al que alude este viernes la prensa provincial, el juez indica que, de no abonar Navarrete dicha fianza, se procederá "al embargo de sus bienes", detallando que la fianza podrá ser "personal, pignotaria o hipotecaria".

Los hechos que sustentan esta decisión tienen su origen en las denuncias formuladas por la Diputación contra el exgerente, quien el pasado 1 de febrero se acogió a su derecho a no declarar, cuando fue citado por el mismo juzgado para que respondiera a preguntas sobre "los hechos que se relacionan en las mencionadas denuncias".

En los fundamentos jurídicos del auto, el juez explica que el hecho de no declarar no quiere decir que se declare culpable, ni que admita los hechos, pero que al venir la denuncia de un cuerpo jurídico de la Administración, en este caso el Gabinete Jurídico de la Diputación, la misma tiene bastantes visos de credibilidad, ya que, además, viene apoyada en una serie de documentos "que ponen de manifiesto" dichas transferencias de fondos hacia las cuentas particulares del imputado.

En concreto, el auto hace referencia, entre otras, a nueve transferencias por valor de 76.000 euros a las cuentas de Navarrete, 31.000 como anticipos reintegrables que nunca devolvió al Consorcio de Bomberos, 56.800 en concepto de adelantos de nóminas y 287.466 euros mediante duplicación de pago a proveedores. Además, se cifra en 127.860 euros la cantidad cobrada entre 2001 y 2006 como horas extraordinarias, pese a tratarse de un cargo de alta dirección.

Por su parte, el abogado del imputado ya ha interpuesto un recurso de "reforma y subsidiario de apelación" contra la resolución judicial, por considerar que la cantidad pedida como fianza "excede con creces la supuesta cuantía malversada", que el juez cifra en los citados 626.540,68 euros. El abogado de Navarrete reclama en su recurso que el juez "minore" la fianza impuesta y que, en caso de que rechace su petición, el propio titular del juzgado eleve dicho recurso a la Audiencia Provincial en forma de apelación.