Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial
Interior del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Comunidad de Madrid

La gestión de Alberto Ruiz-Gallardón vuelve a hacerle un agujero al bolsillo de los madrileños. Esta vez, la razón que provocará un desembolso es la expropiación irregular de un terreno en San Lorenzo de El Escorial ordenada en 1999 por quien fuese presidente regional. Allí, el Ejecutivo construyó un teatro-auditorio cuyo precio se disparó y que hoy está infrautilizado.

Este jueves, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó, durante su reunión semanal, la disposición extraordinaria de 44 millones de euros para abonar a los propietarios de la finca Torrealta el justiprecio legal que debieron haber percibido en su día.

En lugar de los 1,9 millones de euros que el Ejecutivo de Gallardón les ofreció, tenían que haber ingresado 30, según dictaminó el Tribunal Supremo a finales de 2011. Los otros 14 millones restantes hasta los 44 del importe final son los intereses acumulados desde la fecha de la decisión.

Quería un "Salzburgo madrileño"

La expropiación de Torrealta, situada junto al monasterio de El Escorial, data de noviembre de 1999. El día 5, la Comisión de Urbanismo de Madrid aprobó que la Administración Pública se hacía con este espacio a fin de levantar uno de los sueños de Gallardón: un gran auditorio lírico al pie de la sierra que convirtiese la localidad en el "Salzburgo madrileño". El presidente regional barajó incluso ponerle su nombre, aunque fue convencido de lo contrario por su equipo.

Gallardón llegó a pensar en poner su nombre al auditorioGallardón, amante declarado de la música clásica (es sobrino bisnieto del compositor y pianista español Isaac Albéniz), no reparó en gastos, salvo en el terreno, por el que solo pagó 1,9 millones.

De los 29,6 millones presupuestados inicialmente se pasó a 40 millones. Solo en equipamiento hubo que invertir otros 30 millones. En total, el coste superó los 70 millones de euros. Al final, cada una de sus 1.500 butacas le había salido a los madrileños por más de 46.666 euros.

Inauguración estelar... y batacazo

Distintos problemas técnicos, especialmente los relacionados con el terreno, demasiado duro para construir los cimientos, hicieron que se inaugurase con cuatro años de retraso.

La infraestructura cerró durante meses nada más abrirse con cuatro años de retrasoEl Teatro Auditorio celebró su primer concierto el 3 de julio de 2006, ya con Esperanza Aguirre como presidenta, que también heredó de Gallardón el 'marrón' de acabar, de nuevo por encima de su precio, los Teatros del Canal. Los reyes de España fueron los invitados estelares. El napolitano Ricardo Muti dirigió a la Orchestra e Coro del Maggio Musicale Florentino, que interpretó el himno nacional y varias piezas de Giuseppe Verdi.

La pompa y boato de su apertura no sirvieron de mucho. Tras el verano, la programación quedó desierta y la instalación, cuyos exteriores eran de un reconocible granito gallego de color blanco, cerró. No fue hasta principios de 2007, tras casi cuatro meses de inactividad, cuando la Comunidad de Madrid adjudicó su gestión a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaban los productores Enrique Cornejo y José Luis Moreno y los empresarios Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán.

La concesión, ruinosa para los empresarios, concluyó a los dos años. Desde entonces, la gestión se adjudica en un pack junto a los Teatros del Canal. Hoy, según la Consejería de Cultura, corre a cargo de Clece, la empresa de servicios de ACS, que presidente Florentino Pérez.

Sin apenas uso

El auditorio, pese a su coste, ha permanecido infrautilizado desde su apertura, según reconocen fuentes del ejecutivo regional, y nunca ha alcanzado el estatus que soñó Gallardón.

Con la cesión de su gestión a empresas privadas el Gobierno de Esperanza Aguirre quiso reducir gastos y quitarse al menos una parte del peso de encima. Ahora, un tercer presidente regional, Ignacio González, tiene que cargar en su presupuesto con las consecuencias de su construcción.

Con unas cuentas ya ajustadas de por sí, la Comunidad tendrá que hacer malabares para recuperar los 44 millones que la sentencia del Supremo le han obligado a desembolsar.

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