El PSOE ha exigido este jueves al Ministerio de Defensa que actúe para garantizar que la multinacional armamentística norteamericana General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas anule las medidas de reestructuración que ha anunciado y garantice tanto la continuidad de todos sus trabajadores como la carga de trabajo suficiente para la compañía.

Los diputados socialistas Diego López Garrido (portavoz de Defensa), Antonio Trevín (Asturias), Miguel Ángel Cortizo (A Coruña), José Martínez Olmos (Granada) y José Antonio Viera (Sevilla) han registrado en el Congreso una petición de comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, así como una interpelación urgente y una proposición no de ley recogiendo estas exigencias.

Según ha explicado el PSOE en una nota de prensa, el Gobierno "como propietario de las instalaciones y principal cliente de la multinacional" debe exigir la anulación de la reducción de plantilla prevista, que conllevará el despido de más de la mitad de los trabajadores (700 de los 1.325 empleados).

Cumplir los compromisos de inversión

Asimismo, reclaman a Santa Bárbara que aporte la carga de trabajo, productos y desarrollo tecnológicos que están comprometidos con el Gobierno cuando se acordó la adquisición de la empresa por parte de la multinacional. "Que cumplan los compromisos de inversión", exigen.

Por último, piden que la dirección de la empresa y a las federaciones estatales de los sindicatos más representativos en Santa Bárbara sean convocados a una mesa de diálogo para "posibilitar la sostenibilidad de su actividad en todos sus centros de trabajo, con los máximos niveles posibles de su actual plantilla".

El 14 de febrero, Santa Bárbara anunció "medidas de reestructuración para ajustar la estructura a las condiciones del mercado". En concreto, está previsto el cierre de la planta de La Coruña, que cuenta con 172 empleados, así como el despido de otros 289 trabajadores y la inclusión de 213 trabajadores de la fábrica de Trubia (Asturias) en un expediente temporal de regulación de empleo.

También está previsto reducir en 52 efectivos la plantilla de Granada, en 82 la de Sevilla y el despido de 96 trabajadores más en las oficinas que la multinacional tiene en Madrid.