El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y dos concejales del PP declararán como imputados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Llíria por supuestas irregularidades, denunciadas por el PSPV, en el PAI de Porxinos, que acogerá la futura ciudad deportiva del Valencia CF . Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez

El pasado mes de octubre, este juzgado trasladó a la Fiscalía una querella presentada por dos concejales del PSPV en el Ayuntamiento de Riba-Roja.

En ella acusan al alcalde y a otros dos concejales familiares suyos de varios delitos, entre ellos el de utilizar información privilegiada en la aprobación del PAI donde se ubicará la futura ciudad deportiva del Valencia CF.

La querella se presentó, además, por los supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, malversación y fraude.

La polémica nueva Ciudad Deportiva del Valencia F.C.

El Programa de Actuación Integrada de Mas de Porxinos fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja del Turia el pasado 25 de junio con los votos favorables del PP y en contra del PSPV-PSOE y EUPV.

Así se da luz verde a la construcción de la la nueva ciudad deportiva que la entidad construirá en el término municipal de Riba-roja de Túria, en una superficie de algo más de 1,6 millones de metros cuadrados en un suelo que, al ser agrícola y no no urbanizable, fue reclasificado por el Ayuntamiento de Riba-roja.

¿Por qué hay sopecha de "ladrillazo"?

Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación.

Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.800 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola.

Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

De ahí que los próximos 28 de noviembre y 1 de diciembre el juez que instruye el caso tomará declaración a los querellados.