El alcalde asegura que las amenazas judiciales de los socialistas llevaron al Consistorio a girar los recibos del periodo 2005-2007

Grupo Socialista subraya que una ordenanza municipal "debe cumplirse" y recuerda que sus tesis fueron avaladas por el Consejo de Cuentas

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha culpado este jueves al Grupo Municipal Socialista de que el Ayuntamiento tenga que devolver cerca de 80.000 euros a diversos promotores inmobiliarios por el cobro de una tasa relativa a instrumentos de planteamiento urbanístico que llevaba en vigor desde finales de los 80 y que el Tribunal Supremo habría rechazado en varias sentencias.

En declaraciones recogidas por Europa Press, León de la Riva ha explicado que esta tasa, recogida en una ordenanza municipal aprobada al calor de la Ley de Haciendas de Locales de 1988, se dejó de cobrar en 2005 ante las primeras sentencias del Supremo que sentaban jurisprudencia, ya que "cobraban por un servicio administrativo que se había dejado de prestar".

Posteriormente, en 2007 el Consistorio modificó dicha ordenanza, como ha aclarado el concejal de Desarrollo Sostenible y que ostentaba la cartera de Hacienda cuando se suspendió el cobro, Jesús Enríquez.

Sin embargo, el alcalde ha recordado que ya en ese año, y posteriormente, el Grupo Municipal socialista formuló en diversos plenos varias acusaciones de "prevaricación" por "eximir del cobro de la tasa" a los que consideraban como "amigos", hasta el punto de "amenazar con llevar al Equipo de Gobierno a los tribunales por la vía penal".

Además, el 31 de octubre de 2008, el Consejo de Cuentas de Castilla y León emitió un informe en el que instaba al Ayuntamiento a cobrar dicha tasa porque "así lo establece la ordenanza", a pesar de que otros documentos previos de la asesoría jurídica y del Consejo Económico y Administrativo del Consistorio "advertían del riesgo de que dichos cobros fueran recurridos y hubiera que devolver el importe".

En cualquier caso, un nuevo informe de la asesoría jurídica municipal recomendó proceder al giro de estas tasas "ante el riesgo de acciones penales" por parte de la oposición, por lo que el primer edil ha insistido en que "fueron las amenazas del Grupo Socialista" las que decidieron a su Equipo de Gobierno a pasar en 2008 los recibos correspondientes al periodo 2005-2007, ya que desde 2007 esta tasa "no existe".

Recaudación final de 320.000 EUROS

Así, el Ayuntamiento recaudó alrededor de 400.000 euros, de los que ha tenido que devolver cerca de 80.000 por las reclamaciones de varios promotores o bien por la devolución de avales de aquellos procesos de cobro en trámite. En cualquier caso, en torno a 320.000 euros se quedarán en las arcas municipales, puesto que los afectados no las han recurrido y el plazo para hacerlo "ha concluido", como ha precisado el concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, quien también ha puntualizado que este importe no incluye costas judiciales porque han sido sentencias "en primera instancia".

Por todo ello, León de la Riva ha exigido al portavoz del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, y al entonces portavoz en la Comisión de Hacienda, José Francisco Martín, que "pidan disculpas", pues les "obligaron" a tomar esta decisión a sabiendas de que el tribunal "a los reincidentes les casca una hostia".

El regidor también ha advertido de que "no es costumbre" que convoque ruedas de prensa para responder a la oposición, pero ha justificado esta excepción en el fin de evitar que se cumpla "la afirmación de Goebbels de que una mentira contada cien veces se convierte en verdad".

Por su parte, Alfredo Blanco ha lamentado que el cobro de estas tasas y la elaboración de todos estos informes haya supuesto "un coste económico" para la Administración local, a lo que ha sumado "el tiempo que perdieron los funcionarios" y que "no pudieron dedicar a otras tareas", lo que ha llevado a "entorpecer el funcionamiento de este Ayuntamiento".

No obstante, el alcalde de la capital ha reconocido que no piensa iniciar ninguna acción legal contra el Grupo Socialista porque le "repugna" tanto "judicializar la política", como "politizar la Justicia".

Respuesta del psoe

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Izquierdo, ha defendido el cobro de la tasa, con "independencia" de que posteriormente los tribunales hayan obligado a su devolución, dado que "así lo recoge una ordenanza", de forma que "no cumplir con ella supone un delito contable".

En este sentido, ha asegurado que en otros casos el Ayuntamiento "no deja de cobrar la tasa porque haya sentencias en otras comunidades autónomas", algo que ha achacado a su relación con los promotores inmobiliarios.

La comparecencia se ha producido este jueves después de que el pasado 18 de enero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estimara la cuestión planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid sobre la legalidad de la ordenanza fiscal reguladora de esta tasa, basada en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.