Un nuevo servicio de mediación integral, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno regional, ayudará y acompañará a los afectados por desahucios en sus gestiones ante las entidades financieras.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonino Burgos, se han reunido este jueves en el Ayuntamiento logroñés con la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Irene Martínez, y con el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Roberto Varona, a quienes han presentado esta iniciativa.

Para la alcaldesa, "estamos ante una situación que afecta a muchas familias de Logroño en un momento de crisis", al tiempo que ha recordado que el Consistorio "lleva ya un año siendo especialmente sensible con los afectados por desahucios", a través del grupo de trabajo creado en el seno del Consejo Social.

Mediante la acción de este grupo se ha asesorado ya a unas 150 familias, mientras que el IRVI cubría "otra parte del problema, pero quedaba una parte sin cubrir, que era la mediación ante las entidades bancarias, ante las que los afectados se presentaban en situación de desigualdad".

"Lo que intentamos -ha añadido- es buscar soluciones para que se acompañe y se dé mejor servicio a estas familias, por lo que se les va a dar un acompañamiento y un asesoramiento que no se había dado nunca antes, para la reestructuración de sus préstamos bancarios, para su quita o para los casos de dación en pago".

Con este nuevo servicio, que se incluye en el acuerdo entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja en materia de vivienda, tiene como principal objetivo "evitar la pérdida de la vivienda y mantener a las familias en sus hogares", mediante un servicio, ha dicho Burgos, "integral y personalizado".

Este servicio de mediación será gestionado por el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), cuyos profesionales especializados en el ámbito jurídico y de la mediación "asesorarán e incluso acompañarán a estos afectados en la negociación de sus hipotecas ante las entidades financieras".

Como ha explicado el consejero, "dentro del servicio de atención a estas familias que llevamos cerca de un año prestando y de nuestras conversaciones con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, detectamos que había un problema que no teníamos cubierto: la fase previa al desahucio, en la que todavía se puede mantener a estas familias en sus hogares".

Hasta el momento estas personas realizaban ellos solos los trámites con las entidades financieras o con el apoyo de la Plataforma. "A partir de ahora podrán reforzar su posición de negociación con personal de la administración", ha señalado Burgos.

"La pretensión es", ha continuado, "que el denominado 'Programa prioritario de mediación integral en materia de ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual' sitúe en un plano real de igualdad al deudor hipotecario, a menudo la parte más débil, y a las entidades financieras".

En este sentido, ha incidido en que "la pretensión es que los afectados puedan mantener sus viviendas, o que, si esto no es posible, que puedan acceder a un alquiler social a través de la Bolsa del IRVI", donde en este momento, hay unos 300 pisos disponibles, a los que se prevé sumar, mediante acuerdo, los correspondientes al Fondo Social de Vivienda.

"pioneros en apoyar a estas familias".

Tanto Gamarra como Burgos han coincidido en que la actuación coordinada de las administraciones local y regional tiene como objetivo obtener el mayor rendimiento posible a las medidas articuladas por el Gobierno de España para ofrecer una respuesta a este "gran drama que padece nuestra sociedad".

El programa ofrece un servicio integral y gratuito de mediación individual y personalizada en todas las gestiones que sean necesarias ante las entidades financieras.

El fin perseguido es que los afectados por una ejecución hipotecaria de su vivienda habitual logren la aplicación del Código de Buenas Prácticas, manteniendo la propiedad de su vivienda como objetivo prioritario (negociando una reestructuración de la deuda, una quita de cantidades o la dación en pago) o logrando el cambio de uso de esa vivienda a un régimen de alquiler.

Se trata de un servicio más en un ámbito en que el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño se han mostrado pioneros, preocupados por paliar uno de los graves problemas que la crisis económica ha planteado en nuestro país.

Así, se une a otras medidas adoptadas durante el año pasado, como el servicio de información, las ayudas económicas al alquiler -que pueden alcanzar hasta el 80% de la renta durante dos años- o la puesta a disposición de estas familias de una bolsa de viviendas para facilitar el alquiler.

Por su parte, Irene Martínez ha mostrado su esperanza en que "esto funcione, porque disposición hay por parte del Ayuntamiento y del Gobierno", al tiempo que ha señalado que "es genial que se reconozca nuestro trabajo", con la tramitación de la ILP sobre la dación en pago "que es lo que aún nos queda pendiente, de todos modos, ahí seguiremos trabajando". Hasta ahora, la PAH ha impedido unos 40 desahucios en Logroño.