El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Veléz, del delito contra la ordenación del territorio por autorizar la construcción de viviendas dentro del Parque Natural de Oyambre, en la zona de La Argolla.

Así, en una sentencia dictada el pasado 5 de febrero, el Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por la Fiscalía y reafirma la decisión de la Audiencia Provincial de Santander, que absolvió a Vélez y al resto de concejales y exconcejales acusados.

En su resolución, el Tribunal Supremo señala que el criterio seguido por el equipo de Gobierno local respecto a la ejecución de viviendas dentro del Parque era "el mismo" que el mantenido por el anterior alcalde y también por todos los secretarios de los ayuntamientos de la zona.

Recuerda que los técnicos y juristas certificaron que no eran necesarios más informes por lo que, según el Supremo, "no cabía exigir a los políticos que se separaran del criterio unánime de los técnicos".

Mantiene el Tribunal en la sentencia que ninguna otra actuación municipal hizo suponer que la Junta de Gobierno tuviera necesidad de enviar un informe a la Consejería de Ganadería y Biodiversidad.

Además, el auto sostiene que los políticos "actuaron con plena seguridad de su corrección" y subraya que la Consejería no envió "ninguna comunicación" a los ayuntamientos afectados por PORN que informara de la obligatoriedad del informe de dicho departamente.

A juicio del Supremo, esto supone una prueba más de la "duda" que se planteaba sobre la obligatoriedad o no del informe.

Reacción del alcalde

En un comunicado remitido por el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, Vélez ha expresado su "gran satisfacción" por la conclusión que, a su juicio, ha sido "demasiado largo" por lo que —ha dicho— fue "sólo" un "posible error administrativo" al no haber solicitado el informe de Ganadería.

El regidor ha señalado que, de forma "sorprendente y afortunadamente", esa situación no se repitió en ninguno de los ayuntamientos que integran el conjunto del Parque de Oyambre.

Para Vélez, este procedimiento ha puesto de manifiesto "las miserias políticas y judiciales que el Ayuntamiento de San Vicente ha tenido que padecer", que, para el alcalde, "han dañado su imagen y la de personas que han dedicado muchos años de trabajo al Consistorio sin haber cobrado un euro".

Así, se ha referido con estas palabras a la imputación de los concejales, a la secretaria y a los técnicos municipales, algo que, según ha opinado, se llegó a cabo, con "afán de magnificar los hechos".

Para Vélez, la apertura del expediente contra el Ayuntamiento "ha seguido directrices políticas" con el "único objetivo", según ha afirmado, "de desacreditar" al equipo de Gobierno del PP y "destruir su credibilidad".

El alcalde ha recordado la "coincidencia" de denuncias de un grupo ecologista y del PSOE, uniéndose a las del Gobierno regional, en un proceso que, según ha apuntado, se inicia "casualmente" poco antes de las elecciones municipales.

"No es aventurado deducir que el PSOE pretendiera, de esta forma, recuperar la Alcaldía que había perdido mediante una moción de censura, motivada por su incapacidad", ha afirmado.

Ha recordado la paradoja de que el anterior alcalde, José Miguel Pardo, firmara la cédula urbanística donde se iba a construir, catalogándola como 'suelo urbano' y luego denunciara la licencia de obras concedida sobre ese mismo suelo.

"Nadie puede creer que haya habido falta de intencionalidad en un procedimiento que ha sido reabierto en varias ocasiones, pese la sucesión de sentencias favorables", ha dicho el alcalde, quien ha subrayado el "perjuicio económico grave" al Ayuntamiento, con costes judiciales superiores a los 120.000 euros.

Para Vélez, estos siete años de procedimiento judicial "invitan a la reflexión" en un tiempo en el, a su juicio, "se acosa a los políticos en general" cuando, a su juicio, "en otros casos son las víctimas de un sistema permisivo con persecuciones intencionadas" como —ha dicho— ha ocurrido en esa situación, originando "unas consecuencias desproporcionadas" que "han dañado el honor de las personas que han cumplido con la ley".

Se ha quejado de que San Vicente de la Barquera no sólo ha visto detenido su "normal desarrollo" durante los años que se ha tardado en redactar y aprobar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque de Oyambre, sino que, "lejos de verse compensado" por la Administración ha sido "penalizado con esta denuncia" que, para el regidor, "ha mermado su prestigio y su proyección pública".

Para Vélez, otro de los daños colaterales de este procedimiento ha sido la "ruina" de la empresa constructora de estas viviendas cuando cumplió con los requisitos legales y pagó todas las tasas e impuestos para realizar la obra.

"La paralización de la construcción en dos ocasiones dañó los elementos del inmueble, ocasionó la nulidad de los contratos de los pisos ya vendidos y provocó que se tuviera que despedir al personal, lo que en conjunto ocasionó pérdidas millonarias", ha afirmado.