Cientos de personas, entre ellos jueces, fiscales, abogados y funcionarios, se han concentrado ante los juzgados de toda la Comunidad por la falta de medios en Justicia, contra la ley de tasas y la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

En la capital vallisoletana se ha producido la concentración más numerosa, con unas 200 personas que se han reunido a la puerta de los juzgados de Valladolid, donde el magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 y coordinador regional de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Martín Maestro, ha leído un manifiesto reivindicativo.

La protesta de jueces y fiscales, convocados a una jornada de huelga, ha estado respaldada por la plataforma sindical 'Justicia para todos', que se ha mostrado en contra de la "privatización" de la Administración de Justicia y de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha pedido la derogación de la ley de tasas y ha defendido el empleo en este ámbito.

En la huelga, según datos aproximados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León han participado 95 de 279 jueces y magistrados que hay en la Comunidad. En la provincia de Ávila han secundado el paro tres de 15 jueces y magistrados; en Burgos seis de 51; en León 21 de los 51 que hay en la provincia; en Palencia nueve de un total de 19; en Salamanca 12 de 32; en Segovia ocho de 14; en Soria cinco de once; en Valladolid 15 de 67; y en Zamora 16 de los 19 jueces y magistrados.

El coordinador de JpD ha pedido la paralización de la ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial, "órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia".

De la misma forma, ha pedido la derogación de la ley 8/2012, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y la dotación "inmediata" de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.

Martín Maestro ha pedido la derogación de la ley de tasas o su modificación "urgente" para que su pago no suponga la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. También ha reclamado la reforma de la Ley del Indulto porque en la actualidad "incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión y dejar sin efecto las condenas".

Además, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, el coordinador autonómico de JpD ha asegurado que "lo que está en juego" es la tutela judicial efectiva, el "libre" acceso de los ciudadanos a los tribunales y que los jueces tengan la posibilidad de contar con los medios suficientes "para dar una respuesta adecuada y cabal a los problemas que plantean los ciudadanos".

Por ello, junto a más jueces y fiscales, piden una inversión pública que se acerque a la media europea, ya que en España el presupuesto es el 1 por ciento del Producto Interior Bruto frente al 3 de Europa. En cuanto a la proporción de jueces, en España hay diez por cada 10.000 habitantes, mientras que en Alemania se eleva a 35. "Son los datos que nos separan de poder ofrecer una justicia rápida y cercana a los ciudadanos", ha añadido.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Jesús Verdugo, quien también ha acudido a la concentración, ha incidido en que España está "a la cola" en la ratio de jueces por habitante. "Es la demostración más palpable de que la falta de medio no es ya manifiesta sino lacerante", ha dicho.

Frente a las sedes judiciales

Las concentraciones se han celebrado en todas las capitales de provincia frente a los edificios de los juzgados, en unos casos más numerosas que otras.

Así, en Ávila una veintena de personas se ha concentrado frente a los juzgados, en la calle Vallespín, mientras que en Burgos cerca de un centenar de personas se ha dado cita a las puertas de los tribunales, en la avenida de los Reyes Católicos, con una pancarta con el lema 'No a la privatización del Registro Civil'. El presidente de la Junta de Personal de los Trabajadores de Justicia, Alberto Arroyo, ha mostrado su disconformidad con la privatización de los registros civiles y contrario a la aplicación de las tasas judiciales, que "encarecen" el sistema judicial.

En la capital leonesa un centenar de personas, entre ellos jueces, fiscales, procuradores y abogados, se ha concentrado a las puertas del Juzgado con pancartas de 'Justicia para todos', y han defendido sus intereses profesionales "con menos carga de trabajo y más libertad" que finalmente podrá derivar en "un problema para toda la sociedad".

En el caso de Palencia, la concentración se ha desarrollado ante la Audiencia Provincial, donde sólo han acudido diez funcionarios de justicia coincidiendo con la huelga de jueces y fiscales. Entre ellos, un representante del sindicato CSI-F, Benjamín Castro, que ha indicado que "cuando un Gobierno gobierna de espaldas a sus administrados se encuentra con que todo el colectivo de justicia está en contra".

Por su parte, en Salamanca, cerca de medio centenar de personas se ha concentrado a las puertas de los juzgados de la Audiencia Provincial para protestar contra las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia.

En Segovia ha sido una quincena de trabajadores los que han respaldado la convocatoria de la Plataforma Sindical frente a las puertas del Palacio de Justicia. El portavoz de Justicia de CC.OO. en Segovia y Valladolid, Roberto Alonso, ha puesto voz al manifiesto estatal a través del que los trabajadores han rechazado la ley de tasas, la "privatización" de la Administración de Justicia y la modificación "unilateral" de las condiciones de trabajo, al tiempo que han defendido el diálogo y la negociación.

La concentración de los empleados ha precedido a un segundo acto de protesta convocado por jueces y fiscales. Con la ausencia de fiscales, ocho de los diez jueces del partido judicial, que también han secundado la huelga de trabajo, se han manifestado en el interior de los juzgados acompañados por otros tantos abogados para exigir entre otros aspectos que no se recorte la inversión en el sector, que se aumenten las plantillas, que no se limite el acceso a la Justicia a través de tasas y que los poderes públicos garanticen la independencia judicial.

En la capital soriana unos 30 jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado a las puertas del Palacio de los Condes de Gómara, coincidiendo con las concentraciones de los empleados públicos de Justicia convocadas por la plataforma sindical, y se han manifestado de forma conjunta.

Carlos Sánchez, magistrado del Contencioso-Administrativo de Soria, ha indicado que "el Gobierno está ahogando a la Justicia" y que con estas movilizaciones no se persigue conseguir "más días de permiso o más dinero".

Sánchez ha enumerado algunas de las reivindicaciones, que coinciden con las de los sindicatos, como la protesta contra la "injerencia política" que se produce en la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la "privatización" de la Justicia.

En Zamora alrededor de un centenar de personas se ha concentrado en el vestíbulo del Palacio de Justicia, donde la magistrada de la Audiencia Provincial de Zamora Esther González ha enumerado las reivindicaciones de jueces y fiscales, que han contado con el apoyo de compañeros como abogados, secretarios o funcionarios.

Asimismo, la juez decana, Ana Descalzo, ha explicado ante los medios de comunicación que en el Partido Judicial de Zamora han secundado la huelga diez de los once jueces, es decir, un 90,9 por ciento, un dato que han calificado de "éxito rotundo".