El PSOE ha registrado este miércoles en el Parlamento una proposición no de ley, para que sea debatida en el primer Pleno de marzo, en la que insta al Gobierno a buscar una solución negociada con las empresas adjudicatarias del concurso eólico de 2009, al margen de las actuaciones judiciales.

En concreto, se insta al Ejecutivo a abrir negociaciones con estas empresas cumpliendo todos los requisitos del nuevo Plenercan; que se haga viable su presencia en el futuro proceso de adjudicación de producción eólica; y que se puedan desarrollar los proyectos presentados en su día, con la minoración de potencia que determine la nueva ley, evitando de esta manera las indemnizaciones a que pudieran tener derecho.

Los socialistas creen que el Gobierno está obligado a buscar la solución "más beneficiosa posible" para Cantabria, que a su juicio está "a tiempo" de dialogar y negociar para evitar el pago de indemnizaciones, y ese es el objetivo de la iniciativa, que también pretende recuperar los proyectos industriales y de I+D+i asociados al concurso.

Se trata de una propuesta "buena para Cantabria, para las empresas, para los proyectos industriales y de I+D+i y en definitiva, buena para la economía regional y el empleo".

Así lo ha defendido este miércoles en rueda de prensa la secretaria general del PSC-PSOE, Rosa Eva Díaz Tezanos, quien ha incidido en que la proposición socialista está encaminada a "solucionar el problema" derivado de la anulación de la resolución por la que se convocó el concurso eólico y la decisión del Gobierno de Cantabria de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que no es firme, y de regular el aprovechamiento eólico de la comunidad con la nueva ley energética, cuyo borrador se presentó a las empresas el 9 de febrero.

Y es que para los socialistas es "un error" que el Gobierno no recurra para defender los intereses generales de Cantabria, en un caso que ha comparado al de la depuradora de Vuelta Ostrera.

"Pretendemos que la decisión del Gobierno sea la mejor para los intereses de Cantabria y los ciudadanos" porque "estamos a tiempo de dialogar y negociar", ha indicado Díaz Tezanos, que ha destacado que las empresas adjudicatarias del concurso de 2009 eran "las más importantes de España y del mundo".

La socialista se ha remitido al hecho de que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, haya dado por sentado que habrá que pagar indemnizaciones a las empresas porque con el nuevo texto legal no se podrían evitar, cuando a juicio del PSOE hay "otras alternativas que explorar en beneficio de los intereses de Cantabria".

Así, ha insistido en que, antes de dejar sin efecto las adjudicaciones —como hace el anteproyecto—, y no siendo firme la sentencia (que algunas empresas han recurrido ante el Tribunal Supremo), se pueden "explorar otras vías, que es lo que haría cualquier gobierno responsable en defensa de los intereses generales", y que pasan por el diálogo y la negociación con los adjudicatarios de 2009 sobre las bases del nuevo Plan de Sostenibilidad Energética.

"Creemos que se puede retomar el desarrollo eólico en nuestra comunidad cuanto antes y creemos que sería una tremenda irresponsabilidad partir de cero cuando se han dado pasos importantes para el desarrollo de las energías renovables en la región", ha advertido.

Y es que estas empresas siguen en posesión legal de todos sus derechos porque la sentencia no es firme, con lo que es responsabilidad del Gobierno tomar las decisiones "más acertadas, basadas en el interés público y no partidista, para resolver este revés administrativo y evitar que Cantabria tenga que afrontar el perjuicio económico de esas indemnizaciones".

El anteproyecto, que está en fase de consultas y no tiene carácter definitivo, suscita "dudas" en el PSOE, que sólo lo conoce a través de los medios de comunicación, como la falta de preasignación de zonas y sus estudios correspondientes; la inexistencia de contrapartida para que las adjudicatarias presenten proyectos industriales y de I+D+i, lo que a su juicio es un "error"; la forma de adjudicación, que renuncia al concurso, lo que es "poco transparente" y no fomenta la concurrencia; y el hecho de que desconoce quién y cómo se va a gestionar el fondo de regeneración ambiental.