El 53 por ciento de los jueces y el 21 por ciento de los fiscales de Cantabria han secundado este miércoles la huelga nacional convocada por las asociaciones de ambos colectivos, cuyos representantes en la región han considerado el seguimiento "un éxito".

Los representantes cántabros de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jaime Anta; Jueces para la Democracia, Luis Sánchez; Foro Judicial Independiente, Patricia Bartolomé; y Unión Progresista de Fiscales, Jesús Arteaga, han dado a conocer los datos de seguimiento en la región en un encuentro con los medios de comunicación en el patio del complejo judicial de Las Salesas, en Santander.

En el caso de los jueces, de los 73 que ejercen en Cantabria —son 76 pero tres están de baja, por lo que no les contabilizan—, la huelga ha sido secundada por 38, un 53 por ciento. En Santander han hecho huelga 26 de 56 (41%) y en el resto de la región, 12 de 16 (72%).

Mientras que en el colectivo de los fiscales, que es la primera vez que hace huelga a nivel nacional, de 25 —son 27, pero como en el caso de los jueces, tres están de baja y no se contabilizan— sólo siete han hecho huelga, lo que supone un 21 por ciento.

Por sedes judiciales, en Santander han secundado la huelga cinco de 19 fiscales; en Torrelavega, dos de cuatro; y en Laredo, ninguno de los dos que ejercen, según ha indicado Arteaga, que ha destacado que, en esta ocasión, los fiscales se han sumado a la huelga de jueces porque a ellos también les afecta "la sobrecarga de trabajo".

En términos generales, Anta ha calificado de "éxito" esta huelga y ha considerado que los datos de seguimiento son "positivos", porque los porcentajes son "superiores" a los de huelgas anteriores. Si bien, ha opinado que los paros de jueces y fiscales "siempre son difíciles". "Hay muchos escrúpulos por vencer", ha apostillado.

Motivos de la huelga

Las reivindicaciones que jueces y fiscales piden al Ministerio de Justicia son el incremento de la inversión pública en Justicia; la paralización "inmediata" del proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial; y la dotación de presupuesto "suficiente" para la designación de jueces y fiscales sustitutos.

Asimismo, también reclaman al Gobierno central la eliminación del "ofertón de Gallardón", es decir, las tasas judiciales; y la reforma de la Ley del Indulto, que, a su juicio, propicia "la discrecionalidad política de forma arbitraria" al no requerir explicación alguna para su concesión.