El Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que unifique todas las causas judiciales abiertas en distintos juzgados de lo social dispersos por todas las islas de carácter individual por trabajadores públicos afectados por la reducción de jornada y retribuciones prevista en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2013.

Con este fin, el Ejecutivo regional, a través de sus Servicios Jurídicos, ha interpuesto una demanda de Conflicto Colectivo ante la Sala de lo Social del TSJC, informó la Administración autonómica en un comunicado.

El objetivo es reunir en una única causa judicial todas las demandas individuales para evitar la "eventualidad" que generaría "el dictado de sentencias contradictorias por distintos órganos judiciales".

Por su parte, la decisión del Gobierno de Canarias ha sido comunicada esta mañana a los representantes legales de los trabajadores por el director general de Función Pública, Aarón Afonso, quien se ha reunido para este fin con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Empleados Públicos.

"En caso de que el TSJC estime la procedencia de la demanda de Conflicto Colectivo promovida por el Gobierno de Canarias, todas las causas individuales que están presentadas en juzgados de lo social de ambas provincias pasarían a reunirse en un único proceso judicial", explicó el Ejecutivo.

El Gobierno canario entiende justificada la procedencia de la petición de conflicto colectivo ya que la medida cuestionada afecta a un grupo genérico de trabajadores, concretamente, el colectivo de personal laboral temporal y laboral indefinido del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, el caso también reúne el requisito objetivo para su unificación ya que el colectivo genérico de trabajadores afectado por la medida tiene unos intereses generales comunes.

Por último, el Gobierno entendió también que la petición cumple con la necesaria existencia de elemento instrumental común, ya que la solución del conflicto requiere una interpretación de la norma aplicable.

Se reduciría la litigiosidad

El Ejecutivo autonómico consideró que con la unificación de las causas en un único conflicto colectivo se reducirá la litigiosidad social, agilizando el proceso.

La reducción de jornada prevista tiene carácter coyuntural y resulta de aplicación tras la aprobación por el Parlamento de Canarias de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2013.

La reducción de jornada, y proporcionalmente de salario, es de un 20% para los laborales temporales e indefinidos por resolución administrativa o sentencia judicial que trabajen más de 25 horas a la semana en cómputo anual, mientras que la reducción prevista por la Ley es del 10% para los que tengan jornadas inferiores a las 25 horas semanales.

La aplicación de la misma ha permitido compatibilizar la estabilidad presupuestaria de la Administración autonómica con la decisión de evitar despidos masivos durante el ejercicio 2013 de empleados públicos, cuestión que para el Gobierno canario resulta prioritaria en el actual marco presupuestario.