La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF) ha entregado un informe al magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano que concluye en la "ausencia de justificación" del técnico del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a la hora de avalar, tras dos primeros informes denegatorios, la concesión a la empresa Azkar de una licencia para instalar una nave industrial en unos terrenos próximos al aeropuerto de El Prat.

Se último informe, ampliatorio de otros anteriormente emitidos sobre este asunto, es el último que quedaba pendiente en la instrucción de esta causa, en la que se investiga al exministro de Fomento socialista José Blanco por supuesto cohecho y tráfico de influencias relacionados con la trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas investigada en la 'Operación Campeón'.

Concretamente, el informe fue encargado por el magistrado para esclarecer si el exdirigente socialista medió entre el propietario de Azkar, José Antonio Orozco, y los responsables del Ayuntamiento de Santo Boi para que la concesión de la citada licencia.

Según el informe de la UDEF, al que ha tenido acceso Europa Press, "es extraño el cambio de parecer del técnico municipal" respecto de la falta de subsanación por parte de Azkar de sus requerimientos iniciales sobre de la zona de aparcamiento y en relación con el cálculo de la carga de fuego de la zona de distribución de la nave industrial.

Según este informe, de las conversaciones intervenidas a responsables de la compañía se deduce éstos habían tomado la decisión de no instalar medidas de seguridad adicionales contra el fuego por el sobrecoste que ello suponía, ignorando la normativa tanto del Ministerio de Industria como de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Se señala, concretamente, que el técnico municipal varió sus criterios tras la reunión mantenida el 9 de enero de 2011 entre Orozco y el alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, que según la acusación fue propiciada por el exministro de Fomento.

Sin embargo, en la declaración que prestó el pasado 13 de diciembre ante el juez Soriano en el Tribunal Supremo, el técnico aseguró que "no recibió instrucción alguna" del alcalde, Jaume Bosch (PSC), "ni de otra persona para que relajara sus requisitos".

Escrito de la defensa

Tras tener conocimiento de este informe, la defensa de Blanco ha remitido un escrito al alto tribunal en el que insiste en pedir el archivo de la causa y la exclusión de determinadas actuaciones de la UDEF después de que el propio alto tribunal certificara que esta unidad policial no contaba con el mandato del magistrado para realizarlas. La defensa las considera, por lo tanto, "ilegales".

Entre ellos, la defensa de Blanco sitúa este informe, que no había sido requerido expresamente por el magistrado del Tribunal Supremo. "Formalmente, el informe es una desobediencia; en lo material, es una grosería", concluye Gonzalo Martínez-Fresneda, que ejerce la defensa del exministro socialista.

"Han aportado un documento impresentable, lleno de insidias y sin el menor rigor técnico, sometiendo a valoración pseudopericial algo que no se estaba investigando", señala la defensa en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

La defensa subraya que en el documento no se justifica qué conocimientos técnicos pueden tener los funcionarios policiales que lo suscriben, pertenecientes a la Brigada de Blanqueo "para atreverse a pontificar sobre cálculos de la carga de fuego o sobre el 'coeficiente adimiensional que pondera el grado de peligrosidad' de las naves", si bien por su parte imagina "que tales conocimientos se aproximan a cero".

La semana pasada, el magistrado Soriano dictó una providencia en la que anunciaba su disposición a dictar próximamente un auto para declarar conclusa la instrucción de esta causa. Tras la presentación de este informe, solo resta que la Fiscalía se pronuncie sobre si sigue adelante con las imputaciones a Blanco o solicita que se sobresea el caso por todos o alguno de los delitos que inicialmente se le atribuyen.

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