El grupo parlamentario de IULV-CA ha retirado la proposición de Ley para la no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, después de que hayan surgido "algunas dudas" sobre sus contenidos que podrían suponer un "informe desfavorable" por parte del Consejo de Gobierno.

Según ha explicado a Europa Press la diputada de IULV-CA Alba Doblas, lo "más lógico" ante las "dudas" que han surgido, —relativas todas ellas a los artículos con incidencia en menores de edad—, es retirar la proposición de ley registrada el pasado mes de diciembre y alcanzar un acuerdo "entre todos".

Asimismo, Doblas ha indicado que los grupos parlamentarios de IULV-CA y PSOE-A se han comprometido a iniciar "cuanto antes" los contactos para elaborar conjuntamente una proposición de ley sobre esta materia, que será registrada antes de que acabe el presente periodo de sesiones, en el mes de junio.

Dicha iniciativa contará con la participación de todas las organizaciones sociales que ya han realizado sus aportaciones, así como también de otras asociaciones que, "aún habiendo tenido la oportunidad de participar, no quisieron hacerlo".

El gobierno podría asumir la proposición

Doblas, que ha recordado que esta normativa se recoge en el acuerdo programático PSOE-IU, ha asegurado también que cabe la posibilidad de que sea el Gobierno andaluz quien pudiera asumirla presentando el proyecto de ley, una cuestión que no se descarta.

Finalmente, ha señalado que la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), uno de los colectivos más activos a la hora de colaborar con IULV-CA para la elaboración de la proposición de ley ha entendido la retirada de este proyecto, en aras de conseguir una "regulación completa" de sus derechos.

La proposición de Ley registrada por IULV-CA tenía como objeto garantizar el derecho de las personas transexuales, transgénero y variantes de género a recibir de las administraciones públicas andaluzas una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, jurídicas, laborales y educativas, en igualdad efectiva de condiciones con el resto de la ciudadanía, en relación a lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la Ley para la promoción de igualdad de género en Andalucía.

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